(Río Grande, 11 de agosto de 2012) (DyN) Uno de los cuatro policías fueguinos detenidos acusados de torturar con picana eléctrica a dos jóvenes que se encontraban demorados, señaló a uno de los agentes como responsable de esos tormentos al prestar ayer declaración indagatoria ante el juez provincial Héctor Ochoa.
Fuentes judiciales informaron que se trata del ayudante Cristian Verón, aunque no trascendió cuál de los otros sospechosos fue sindicado durante el testimonio que brindó en los tribunales del ex campamento de YPF.
Los detenidos son el ayudante Verón, el suboficial escribiente Cristian Lara, el cabo primero Matías Maggeri y el sargento César Gómez, quienes junto a otros siete miembros de la policía provincial están imputados en una causa que investiga las torturas denunciadas por Federico Sosa y Franco Torres, hijo del comisario Alberto Torres.
El abogado Francisco Giménez, quien representa a Franco Torres, reconoció que «este hecho se está esclareciendo gracias a que la prensa siempre lo tuvo en agenda, porque eso hizo que la investigación fuera avanzando y que la Justicia tomara medidas que empiezan a dar resultados».
El letrado manifestó que «pese a todas las demoras y los problemas que tuvo la causa, gracias a la resolución de la Cámara de Apelaciones se está demostrando que las instituciones están funcionando».
«Este es el primer hecho de tortura con una picana eléctrica denunciado en Tierra del Fuego desde que recuperamos la democracia y es muy importante avanzar hasta su total esclarecimiento», dijo.
Giménez, por su parte, reclamó que «ahora se avance en la segunda parte de esta causa, porque la picana se aplicó cuando los detenidos se encontraban en el hospital para su control médico. Pero previamente, en la comisaría, recibieron una feroz golpiza y en esa paliza estuvieron involucrados otros policías».
Indagatorias.
«Hubo un mensaje muy fuerte desde el interior de la policía provincial, porque hasta ayer (jueves) uno de ellos seguía prestando servicio y hoy (viernes) fueron a declarar ante el juez con el uniforme de la fuerza. Salvando las distancias, me hizo recordar a los juicios a las juntas militares. Eso como sociedad nos impone un replanteo».
Los hechos denunciados fueron perpetrados en febrero de 2011 y el uso de picana eléctrica fue probado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal mayor Guillermo Quadrini había elevado el pedido de detención de nueve integrantes de la policía provincial, porque el delito analizado no es excarcelable.
Además, otros oficiales presuntamente involucrados serán indagados por «omisión de acción».
La causa se dilató porque cuando el juez Ochoa resolvió la indagatoria de los efectivos, a fines del año pasado, dispuso que se presentaran en libertad, mientras que el fiscal Quadrini y el abogado querellante solicitaron que fueran detenidos por tratarse de un delito no excarcelable.
La Cámara de Apelaciones fueguina resolvió en noviembre de 2011 hacer lugar a esos pedidos y ordenó a Ochoa que detuviera a los sospechosos al momento de tomarles declaración.
Sin embargo, el magistrado esperó hasta esta semana para comenzar con la ronda de indagatorias y las primeras siete que tomó fueron con los declarantes en libertad.
Aun así, en los casos donde existían mayores evidencias de participación en el hecho el juez dispuso las detenciones, que se cumplieron anteayer por la tarde.
Los policías fueron alojados en dependencias de la misma institución y cumplieron con su declaración indagatoria, tras lo cual quedaron detenidos y a disposición del magistrado.