El sistema previsional de la Nación ya afronta de por sí una bola de nieve de demandas judiciales por la falta de actualización de haberes entre enero de 2002 y diciembre de 2006, los que, según la Corte Suprema, deberían aumentar 88,6 por ciento, como evolucionaron los salarios en ese período.
Ese problema es el principal motor de las 196.980 demandas contra la Anses que la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS) envió a sus juzgados para su resolución entre 2008 y febrero de este año. Las demandas que ingresan son más que las sentencias y estas son más que los juicios perdidos que paga Anses.
Pero esa situación podría agravarse tras el dictamen de la Corte Suprema de la semana pasada, en el que desestimó una apelación de Anses contra un fallo de la CFSS que estableció que el haber de un jubilado (caso Betancur) no puede ser inferior al 70 por ciento de lo que cobraba esa persona al momento de retirarse.
La Corte aclaró que desestimó el recurso por razones formales, no por la cuestión de fondo. Pero lo cierto es que el criterio de CFSS quedó firme, lo cual, dicen los especialistas, alentará litigios, a menos que la Corte falle en un nuevo caso en contra del criterio de la CFSS.
La consultora Idesa, especializada en temas vinculados al mercado laboral y políticas públicas, estimó que, de los actuales 7,8 millones de trabajadores, sólo 2,2 millones podrían cobrar en el futuro un haber superior al 70 por ciento de sus salarios como activos. En cambio 5,1 millones cobrarían menos del 70 por ciento y medio millón cobraría menos del 50 por ciento.
Idesa explicó que esto deriva del actual sistema de cálculo de haberes, que es el mismo que estaba vigente con el régimen de capitalización (AFJP) estatizado en 2008. O sea que estos nuevos posibles litigios no derivarán de la falta de actualización de haberes (como sucedió con los casos Badaro y Elliff dictaminados por la Corte), sino por un problema de cálculo inicial del haber.
Idesa explicó que, hoy, el haber sigue surgiendo de una Prestación Básica Universal (PBU) de 797 pesos, más el 1,5 por ciento del salario de cada año de aporte. Si son 30 años, esto implica que a la PBU hay que sumar el 45 por ciento del salario promedio de los últimos 10 años de actividad del trabajador. “Esto implica que un trabajador que cobra el salario promedio actual de 7.000 pesos cobrará un haber inicial de 4.000 pesos cuando se jubile. Es decir, el 57 por ciento del salario”, sostiene el informe de Jorge Colina y Alejandra Torres.
Obviamente, este esquema deja a millones de futuros jubilados por debajo del 70 por ciento estipulado por la CFSS.
Colina y Torres explicaron que este esquema era válido en el anterior sistema mixto. La PBU era una fuerte redistribución para los aportantes de bajos salarios, mientras que los de ingresos medios y altos sumaban a esa PBU la acumulación y rentabilidad de sus propios ahorros. Cuando el sistema se estatizó, la PBU quedó, pero el ahorro y la rentabilidad individuales desaparecieron, con lo que se afecta a los ingresos altos. Y eso abre la tranquera a millones de posibles reclamos.
La disputa entre la Corte y la Anses ya es abierta. En mayo, en su informe al Congreso, el titular de la Anses, Diego Bossio, enmascaró con una crítica a supuestas jubilaciones de privilegio lo que en verdad fue a decirles a los legisladores: que “hay jueces que están colegislando, generando prestaciones que no existen y fallos que alteran la lógica de sustentabilidad previsional”. Y planteó que “la aplicación generalizada de los fallos Badaro y Elliff tendría un impacto anual de 49.586 millones” en la Anses. Ni hablar si se generalizara el caso Betancur.