¿Alguien podía imaginar que tras el aluvión de votos que la mayoría de las fuerzas gobernantes recibieron en los comicios del año pasado iban a desembocar, en muy pocos meses, en un escenario de crisis financiera y conflictos sociales?
Sin embargo, la Argentina recorre el 2012 en un marco de graves problemas para las cajas provinciales, y los gobernadores que entre julio y octubre gozaron del favor de los votos hoy se enfrentan a una caída en sus imágenes por los problemas económicos que salieron a la superficie en el último tiempo.
Las causas son muchas y variadas, pero la consecuencia una sola: las economías provinciales empiezan a mostrar signos de agotamiento, y en algunos casos, obliga a sus autoridades a tomar medidas impopulares, como el aumento de impuestos o el atraso en los pagos de salarios de los empleados estatales
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son, por su tamaño y su peso político, la punta de un iceberg que continúa en muchos de los distritos, que buscan la forma de evitar que esa crisis, empujada además por un escenario internacional más que complicado, siga creciendo.
Scioli, jaqueado por la falta de recursos
El caso paradigmático es el de la provincia de Buenos Aires. Con el 55,07 de los sufragios, Daniel Scioli logró la reelección en el distrito más complicado, en lo que fue un claro aval del rumbo de su gestión, y que lo catapultaba como uno de los presidenciables más potables de cara al 2015.
Pero los más de 4 millones de votos cosechados no pudieron frenar la crisis financiera que estalló ya desde los primeros meses de este año. La falta de recursos genuinos para afrontar los altos costos de la provincia más grande del país, obligó a Scioli a implementar una reforma tributaria que implicó, entre otras cosas, un revalúo de los campos, un duro conflicto con el sector agrario y un alto costo político.
Pero los problemas en la Provincia no terminaron. Al llegar el mes de julio, crecieron los problemas para afrontar el pago de salarios y aguinaldo para los empleados estatales, que culminó con el anuncio del fraccionamiento del pago del salario anual complementario.
La medida, anunciada tras el envío desde la Nación de sólo 1.000 de los 2.800 millones de pesos que la administración provincial había solicitado, se tradujo en una escalada de paros y protestas de los gremios estatales, con la amenaza de continuar si la situación no se normaliza. Por si fuera poco, Scioli tomó la decisión de declarar la emergencia económica en su provincia.
Santa Fe y Córdoba, en busca de los fondos perdidos
Las otras dos grandes provincias del país también se enfrentan a un año complicado desde el punto de vista de las finanzas.
En Santa Fe, Antonio Bonfatti, que logró acceder a la gobernación con casi el 40% de los votos, en lo que fue un concreto apoyo a la gestión que había realizado Hermes Binner, dejó en claro desde principio de año que necesitaba fondos para reducir el fuerte déficit que las arcas provinciales habían mostrado durante 2011.
Un viaje por Europa y Oriente en busca de inversiones, y la emisión de Letras del Tesorofueron las primeras medidas para conseguir unos 2.700 millones de pesos, indispensables para afrontar el pago de sueldos y obligaciones corrientes.
Pero los problemas se intensificaron con el correr de los meses, y el propio Bonfatti admitió que estaba «rascando la olla» para obtener dinero. Los dichos del gobernador se trasladaron a anuncios poco auspiciosos: la Provincia utilizará cheques diferidos para pagar unos 100 millones de pesos de obras públicas atrasadas, un mecanismo legal pero que refleja los serior problemas de caja.
Por si fuera poco, en las últimas semanas crecieron los rumores sobre la necesidad deemitir cuasimonedas, algo que fue desmentido una y otra vez por el gobernador y sus ministros.
Una situación similar vive Córdoba. Tras el rotundo éxito en las elecciones del año pasado, donde ganó con el 42,60% de los votos, el gobernador José Manuel de la Sota debió enfrentar una complicada situación económico-financiera, aunque tal vez menos acuciante que la de Buenos Aires y Santa Fe.
Para hacer frente el rojo fiscal, De la Sota eligió reclamar al gobierno nacional una deuda superior a los 1.000 millones de pesos que el Estado nacional mantiene por la caja de jubilaciones. A tal punto llegó la situación, que hace pocos días el Gobernador anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para exigir esos fondos.
Esa decisión de De la Sota también empujó a Bonfatti a reclamar una deuda similar a la Nación, producto de fondos descontados desde 2006 de la caja previsional de la provincia, y que fueron redireccionados a la Anses. Según explicó el mandatario, el monto total de la deuda actualizada alcanzaría a los 1.800 millones de pesos.
En el resto de las provincias, la situación no es mucho mejor. Daniel Peralta hace equilibrio en una Santa Cruz jaqueada por las deudas y la falta de recursos, y por estas horas enfrenta un duro conflicto con la Policía; Martín Buzzi pasó días complicados por un paro en el sector petrolero; y en Mendoza, Francisco «Paco» Pérez debió colocardeuda por más de 1.300 millones de pesos para conseguir fondos genuinos.
Con matices, todos gozaron hace pocos meses de un apoyo masivo en las urnas, en lo que parecía la ratificación del modelo que se mostraba como exitoso y superavitario. Sin embargo, en poco tiempo, la realidad los enfrentó a lo más duro de la política: la administración en tiempos de crisis.