La denuncia fue impulsada por el abogado Federico Rauch, en representación de 480 clientes de las ciudades de Río Grande y Ushuaia, quienes se sintieron afectados por esta situación. Las empresas ya fueron intimadas a realizar el descargo, mientras el abogado indicó que el siguiente paso será la realización de audiencias públicas y luego se determinará si les cabe alguna sanción.
Por la Ley de Promoción Económica, los vehículos deberían comercializarse a un valor inferior al del continente, que va del 25 al 60%, según se trate de autos fabricados en el Mercosur o fuera de él, donde la exención es mayor.
Las acciones fueron iniciadas hace cuatro años atrás con una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Al respecto, Rauch señaló que cree que «ya estamos en condiciones de tener una definición».
Para el abogado, «una de las formas de evitar esa libertad de mercado consiste en que los oferentes, los que ofrecen bienes y servicios, se confabulen entre ellos con la finalidad de establecer precios regulados entre ellos mismos, dentro de un mercado determinado».
Fuente: DyN