El descontento que generó la escandalosa destitución de Fernando Lugo en la región fue automático. El rechazo a la decisión del Congreso paraguayo se volvió más contundente el domingo, cuando el Mercosur decidió excluir a ese país de la cumbre que celebrará esta semana, mientras que varios gobiernos retiraron o llamaron a consultas a sus embajadores en Asunción.
La posibilidad de una respuesta más agresiva sigue latente. Tanto el bloque económico como la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur) podrían resolver esta semana algún tipo de castigo contra las nuevas autoridades paraguayas, en el segundo caso apelando a la cláusula democrática que dispone el organismo.
De momento, el único país que ha tomado medidas comerciales contra el Ejecutivo Federico Franco fue Venezuela. Hugo Chávez anunció un cese del envío de crudo. Otros, como el ecuatoriano Rafael Correa, también pidieron sanciones.
Pero es poco probable que ese tipo de solicitudes prospere. Tres pesos pesados ya se mostraron contrarios a tomar ese tipo de iniciativas: Brasil, Chile y Uruguay.
Desde Montevideo, José Mujica calificó de «golpe de Estado parlamentario» la destitución de Lugo en la presidencia pero se manifestó contrario a aplicar un «aislamiento económico» a su vecino. «No somos partidarios de sanciones económicas, aislamiento económico, ni nada de eso porque eso lo termina pagando la gente», dijo.
Una posición similar expresó el chileno Sebastián Piñera. A través de su canciller, Alfredo Moreno, indicó que su país «no va a tomar medidas que signifiquen un daño a la población de Paraguay (como) llegar al extremo de las sanciones comerciales».
Aunque menos directo, el asesor en política exterior de Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, señaló que Brasil «no intervendrá» en asuntos de Paraguay. Es momento para evaluar la situación y «dejar que la crisis en Paraguay decante para ver cómo va a quedar», afirmó.