Con el sello del Ministerio de la Defensa de Chubut, los defensores públicos de las principales ciudades de esa provincia, firmaron un pronunciamiento en contra de la megaminería, negocio que tanto el estado provincial como el nacional, impulsan y predican en todo el territorio, tratando de vences la resistencia negativa que existe en la población a la labor extractiva a cielo abierto de oro, plata y uranio.
Firman el pronunciamiento: Fernando Radziwilowski (Defensor Público – Esquel -); Patricia Aranda Osuna (Defensora Pública – Comodoro Rivadavia -); Nelson Rapiman (Defensor Público –Trelew-); Nora Bandeo (Asesora de Familia –Comodoro Rivadavia-); María Rosa Corradini (Defensora Pública –Puerto Madryn-); Rosa Isabel Martinez (Asesora de Familia –Puerto Madryn-); Delia Susana Perez (Abogada adjunta especializada en Derechos de Pueblos Indígenas) y Karina Gabriela Albornoz (Abogada adjunta –Esquel-)
“El Área de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (A.D.D.E.S.C.) del Ministerio de la Defensa Pública, en atención al estado público que ha tomado la promoción de la actividad industrial de extracción de metales en la Provincia del Chubut en su modalidad de explotación a gran escala, llamada también “Megaminería”, considera oportuno y necesario sumar su opinión al debate público abierto al respecto, en virtud del mandato constitucional y legal de promoción de Derechos Humanos asignado a esta agencia institucional, en consideración de nuestra experiencia de gestión en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos de Pueblos Indígenas” comienza diciendo un largo texto donde se exponen lo motivos del rechazo.
“En tal sentido – continúa el documento – y para el mejor análisis de este pronunciamiento, es propicio adelantar nuestra posición contraria a la promoción de esta industria para la Provincia del Chubut en sus diversas geografías, sin perjuicio de encontrarse propugnando en la actualidad una previa rediscusión científica, política, democrática y participativa, del marco legal provincial y nacional que actualmente la regula, que debería contemplar el previo aseguramiento del respeto a los derechos individuales y colectivos que tanto la Constitución Nacional como la Provincial reconocen, sostenido en las siguientes razones de orden práctico y jurídico, sin mella de otras que resultarían sobreabundantes para su difusión”, señala, entre otras cosas, el texto.