Es una huelga inédita por responder también a un recorte del gobierno de Mariano Rajoy sin precedentes en el sector educativo. En un ambiente de movilizaciones que en los próximos días afectará a otros sectores, un millón de empleados (la mayoría profesores) y 7,5 millones de estudiantes (6 de los cuales estudian enseñanzas no universitarias) han sido llamados a participar en este paro completo.
Miles de personas han salido ya a la calle para reunirse en asambleas y concentraciones, mientras que en Madrid, dos jóvenes han sido detenidos en la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas. La policía ha justificado el arresto diciendo que ambos estaban impidiendo la circulación de un vehículo que transportaba a una mujer con una discapacidad física, pero esto fue desmentido por el movimiento Toma la Facultad, vinculado al 15-M de los indignados y organizador de las protestas contra los recortes en el ámbito universitario. «No había ocurrido nada, han cargado y se los han llevado», dijeron.
Los motivos de esta huelga no son menores. Para este año el ministerio de Educación, Cultura y Deportes tiene asignado un gasto de 3.711 millones de euros, cantidad tres veces menor a la cifra que el gobierno de Rajoy ha destinado para salvar Bankia, la cuarta entidad financiera del país, que ya recibió 4.465 millones de euros y ahora, según el ministro de Economía español, Luis De Guindos, necesitará entre 7.000 y 7.500 millones más para cubrir activos en riesgo.
No tan necesarios para el Ejecutivo conservador han resultado los sectores de educación y salud, que pese a lo prometido en campaña por Rajoy, sufrirán un recorte de 10.000 millones de euros. Se calcula que el tijeretazo que aplicarán el gobierno y las comunidades autónomas -cuyos gobiernos están casi en su totalidad en manos del PP, el partido de Rajoy-, supondrán un recorte de los presupuestos educativos de entre el 25% y el 30 por ciento.
El movimiento de los indignados, que volvió a salir a la calle ente el 12 y 15 de mayo ya ha rechazado que se utilice el dinero público de los ciudadanos, que ven recortados sus derechos sociales como salud y educación para salvar a los bancos.
Los gobiernos de las comunidades autónomas, en su mayoría en manos del PP, ya habían avanzado con el ajuste en este sector, que se gestiona con el presupuesto regional, por lo que en los últimos meses los estudiantes y docentes de secundaria organizaron diversas protestas.
Valencia y Madrid, donde tuvo lugar la llamada marea verde -color de la protesta del sector educativo-, fueron epicentros, mientras en Cataluña los universitarios respondieron con contundencia a los recortes y fueron a la huelga en reiteradas ocasiones.
Asimismo, los principales sindicatos han convocado a nuevas protestas para el 23 y 24 de mayo contra la reforma laboral del Ejecutivo, que abarata y facilita el despido, y que desde su entrada en vigor en febrero contribuyó a que el desempleo escalara hasta el 24,4 por ciento.
También habrá huelga el 23, 24, 30 y 31 de mayo en toda la minería del carbón de España para denunciar que la reducción del 64% del presupuesto para el sector llevará al cierre de todas las explotaciones mineras del país, anunciaron CCOO y UGT.
La escalada de la movilización social tendrá lugar en un momento en que España sigue bajo extrema presión de los mercados financieros, que desconfían de la solvencia de su sistema financiero y la capacidad del gobierno español de reducir el elevado déficit del país.
A pesar de que Rajoy ha aplicado al pie de la letra las recetas fondomonetaristas, el riesgo país sigue en máximos históricos, cerca de los 500 puntos (484), y la economía afronta un escenario de recesión, con una caída del Producto Interior Bruto del 0,3% en el segundo trimestre del año, según nuevos pronósticos del Ejecutivo.