Publicado en

El Juez Lijo apartó al fiscal Rívolo de la causa Ciccone

De todas maneras, el Juez Federal anunció que aumentarán las pesquisas en torno a su patrimonio personal. Además, se revelará el secreto fiscal y bancario de sus bienes, así como también el de sus socios y su pareja.

El Vicepresidente Amado Boudou tiene un motivo para alegrarse: el fiscalCarlos Rívolo ya no lo investigará en la causa Ciccone por «tráfico de influencias» por una unificación de causas.

Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas que perjudican a Boudou: se «profundizará» la pesquisa sobre su patrimonio así como se levantará el secreto fiscal y bancario de sus bienes, de los de su novia Agustina Kampfer y sus socios.

Lijo declaró la «conexidad» de la causa Ciccone con la investigación del enriquecimiento ilícito solicitada el lunes contra el vice. El magistrado ordenó profundizar la investigación patrimonial solicitado por el fiscal Jorge Di Lello, quien quedará a cargo de la investigación, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

En otro fallo, el magistrado declaró «abstracto» el planteo de recusación del fiscal Carlos Rívolo por parte del abogado del la mano derecha de BoudouJosé María Núñez Carmona. Al mismo tiempo, Lijo resolvió la validez del allanamiento llevado a cabo en el departamento de Boudou en el exclusivo edificio River View de Puerto Madero.

Al patrimonio. «Declárese la conexidad de la causa nro. 1302/12 con las presentes actuaciones, de conformidad con lo normado por el art.41 del Código Procesal (…) para tener acceso a la documental, levantaré el secreto bancario y fiscal de los denunciados: Amado Boudo, Juan Carlos López, José María Núñez Carmona, Alejandro VandenbroeleAgustina Kämpfer y Sandra Viviana Rizzo», determinó Lijo.

«La AFIP deberá remitir el padrón completo, declaraciones juradas de IVA,ganancias, bienes personales y otros tributos. 2) El Registro Nacional de la Propiedad Inmueble un informe sobre los bienes que poseen registrados. 3) La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios deberá informar si aquéllos son o han sido titulares de rodado automotor o motovehículo«, solicitó el juez federal.

Lijo también le requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro Público de Comercio de la provincia de Buenos Aires y los registros provinciales de personas jurídicas la información de la sociedades: Fuerza Laboral, Braver Cheeck, Embarcaciones Argentina, Inversiones Inmobiliarias AspenThe Old Fund S.A. (propietaria de Ciccone Calcográfica), Ruta Sur Rentals, Sulfargen, Nuevo Federal, La Isleña, Habitat Natural, Danlon, Compañía de Valores Sudamericana S.A. y London Supply S.A., la firma que levantó la quiebra de Ciccone.

Además de eso, el juez requirió informes al Banco Central de las cuentas bancarias a su nombre; a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre «operaciones sospechosas» y a la Anses que informe «la fecha en qué fehacientemente Amado Boudou comenzó a percibir sueldo de
la administración pública, nacional o provincial». También requirió el historial laboral y los aportes de la novia y los socios del vice.

Finalmente, el magistrado pidió a la Oficina Anticorrupción «copia de lasdeclaraciones juradas, incluyendo el anexo reservado, que Amado Boudou hubiese presentado dentro de los 30 días de la asunción de su cargo y anualmente durante el desempeño de la función pública a la que hubiere sido designado».

Buen allanamiento. «En el expediente existían elementos de prueba que acreditaban que el domicilio de la calle Juana Manso 740 era propiedad del Vicepresidente de la Nación Amado Boudou. 2) La existencia de un contrato de locación respecto de ese inmueble a favor del Sr. Carosso Donatiello se desprende de la declaración jurada de Amado Boudou remitida por la OA. 3) El Sr. fiscal y el Sr. juez fundaron el pedido de allanamiento en la información que surge de la declaración jurada. 4) Las declaraciones juradas del Vicepresidente de la Nación fueron incorporadas violando la ley 25.188 de Ética Pública», explicó Ariel Lijo en otro fallo.