El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó hoy por «prácticas inconstitucionales y discriminación» contra latinos a un polémico juez de Arizona que se convirtió en un símbolo de las medidas más controvertidas para combatir la inmigración ilegal en el país.
La demanda contra el sheriff Joe Arpaio fue presentada en un tribunal federal de Phoenix, Arizona, donde el fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Thomas Perez, dijo a periodistas que «la policía debe proteger y servir a la comunidad, no dividirla».
Argumentos. Según Perez, se trata de un caso de «abuso de poder» por parte del sheriff, cuyas prácticas «despreciaron la Constitución, ignoraron prácticas policiales sanas, comprometieron la seguridad pública y no dudaron en tomar represalias contra los que consideraban que les criticaban».
La decisión de acudir a los tribunales fue adoptada, explicó Pérez, después de «agotar todos los esfuerzos» por llegar a una solución consensuada y cuando el Departamento de Justicia no tuvo más opciones que seguir la vía judicial, según informó la agencia de noticias alemana DPA.
La demanda se veía venir hace tiempo, ante el endurecimiento de la retórica por parte de Arpaio, quien se autoproclama «el jefe policial más severo de Estados Unidos», y se ha convertido en emblema de las prácticas más controvertidas contra inmigrantes en todo el país.
Arpaio es investigado desde 2008 por el Departamento de Justicia ante las sospechas de que practicaba la discriminación por motivos raciales y culturales durante su gestión en el condado de Maricopa, uno de los más activos en la detención de indocumentados en los estados fronterizos con México del país.
Ley migratoria. El sheriff es uno de los principales defensores de la controvertida ley migratoria de Arizona SB1070, que tras una entrada parcial en vigor en el año 2010, es ahora revisada por la Corte Suprema.
La polémica normativa llegó a crear una zona especial para albergar a los indocumentados detenidos en la cárcel en tiendas de campaña que mantiene en su condado.
En diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia presentó un informe afirmando que tenía pruebas suficientes para asegurar que Arpaio mantuvo durante años un patrón de conducta «discriminatorio» contra inmigrantes latinos.
En esa oportunidad dio varias semanas de plazo a su oficina para llegar a una solución negociada que, entre otros, preveía una serie de reformas de las prácticas de sus agentes y que establecía el envío de un supervisor independiente que monitoreara el proceso.
Ello sin embargo fue rechazado por Arpaio, motivo por el cual el Departamento de Justicia presentó hoy la demanda.