En este juicio oral y público, serán juzgados el ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Alberto Lucena y el ex Jefe General de Policía, Juan Daniel Rauzzino, acusados como autores de la desaparición y muerte de Francisco Gregorio Ponce, su hermano Julio Genaro Burgos, Griselda del Huerto Ponce, y Nelly Yolanda Borda, en hechos ocurridos entre abril de 1976 y enero de 1977.
Este proceso dio comienzo pasadas las 9.40, donde también iba a ser juzgado Luciano Benjamín Menéndez, quien ya acumula diversas condenas por delitos de lesa humanidad, pero por razones de salud fue apartado hasta una nueva oportunidad y fecha a considerar.
El Tribunal está integrado por Juan Carlos Reynaga (presidente); Gabriel Eduardo Casas y José Camilo Quiroga Uriburu, mientras que será juez sustituto Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla como fiscales del ministerio público actuarán Víctor Manuel Monti y Santos Reynoso.
En el inicio de las deliberaciones se contó con la presencia de la gobernadora Lucía Corpacci, quien lo hizo acompañada del vicegobernador Dalmacio Mera; el ministro de Obras Públicas Rubén Dusso; de Economía Ricardo Aredes, de Desarrollo Social Oscar Pfeifer, familiares amigos de las víctimas, legisladores y una gran cantidad de público.
El planteo de nulidad del abogado defensor, Lucio Montero, se concretó iniciado el debate de hoy, por entender que «la calificación no es igual a la que fueron indagados e imputados en su momento».· Lucio Montero dijo que en aquella oportunidad, la calificación no era la misma de ahora, pues se trataba del delito privación ilegitima de la libertad y el delito de lesa humanidad, mientras que la calificación actual es «asociación ilícita y privación ilegitima de la libertad, seguida de muerte».
Al reanudarse el cuarto intermedio, a las 15.35, el Tribunal resolvió por unanimidad, «no hacer lugar al planteo de nulidad» presentado por el abogado defensor de los militares por considerarlo «extemporáneo y fuera de término», pues «durante el proceso previo, ya tenían conocimiento de la imputación».
El Tribunal juzgará tres hechos, el primero ocurrió el 6 de abril de1976, a las 15 horas en la avenida Güemes y Rivadavia en la zona sur dela Capital, cuando Francisco Gregorio Ponce, quien circulaba en una camioneta, fue interceptado por un automóvil de color blanco, probablemetne un Fiat 1500.· Del vehículo descendió una persona con un revólver en la mano quien apuntó a Ponce, lo obligó a bajar de la camioneta y lo subió a su auto.
El segundo se produjo el 15 de diciembre de1976, a las 3.15 de la madrugada, cuando un grupo de 5 ó 6 personas de civil, con los rostros cubiertos con pañuelos o antifaces golpearon la puerta del domicilio de la familia Ponce, en calle 9 de Julio 1276, en la zona sur de ésa ciudad.
· El grupo, sin mostrar orden de requisa, ni de detención, ingresó al inmueble portando armas de fuego y trasladando al patio a Felicinda Santos Ponce y una sobrina de ella, mientras que el que vestía uniforme, condujo a Griselda del Huerto Ponce, al dormitorio de la madre.
En la misma vivienda, fue despertado e interrogado Julio Genaro Burgos, y ante una voz que provino del interior de la casa, ordenando la fuga, Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos fueron secuestrados en dos vehículos.
El tercer hecho que será juzgado, ocurrió el 27 de enero de1977, a las 5 de la mañana cuando individuos con el rostro cubierto y capuchas ingresaron al domicilio de la familia Borda, en Lavalle 123 de la ciudad de Belén.
A Nelly Yolanda Borda la tomaron del brazo y tal como estaba -con ropa de dormir y sin calzado- fue retirada de la vivienda e introducida en un vehículo que se encontraba estacionado frente de la casa, para emprender una veloz marcha junto a otros dos o tres vehículos que se encontraban en el lugar.
Por su parte, el diputado por el FPV, Horacio Pietragalla, nieto recuperado y responsable de derechos humanos deLa Cámporaa nivel nacional, presenció la audiencia y resaltó la importancia de la realización del juicio en una de las pocas provincias donde aún no se habían reanudado las causas que investigan los crímenes realizados durante la última dictadura cívico-militar.
Pietragalla señaló que «en estos últimos años hubo quien decía que esta provincia había sido excepción en cuanto a la represión desatada por la dictadura. Lo que en realidad venía siendo una excepción era la falta de justicia respecto de esos crímenes. Por suerte hoy podemos decir que esto empezó a cambiar».
«Es un día histórico para la provincia, afirmó Pietragalla, porque además de juzgar a los responsables de las desapariciones de los compañeros, hoy se está poniendo fin a una de las grandes secuelas que dejó la dictadura: el silencio. Hoy en Catamarca, en la plaza principal, empezó un juicio y no pasó desapercibido, estuvo en boca de todos» concluyó.
Según el cronograma el juicio continuará este miércoles donde está prevista la indagatoria a los dos imputados y la declaración de los cinco primeros testigos.