Antoni Brufau, CEO de Repsol.
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Repsol calificó de «ilícita» la decisión oficial

La firma anunció que se reserva los derechos y acciones según el «derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional»

Antoni Brufau, CEO de Repsol

La petrolera Repsol señaló que la decisión del gobierno argentino de expropiar YPF es «manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria«, y que la empresa llevará a cabo todas las acciones legales oportunas.

En un comunicado, Repsol añade que se reserva todos los derechos y acciones «conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España».

La petrolera afirma que la decisión del gobierno argentino «viola los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional».

La presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó la intervención inmediata de la petrolera YPF y envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la compañía, controlada en un 57,4% por Repsol.

Ante esto, Repsol dice «que llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas».

Repsol detalla que su participación del 57,43% en YPF tenía un valor patrimonial de €4.122 millones al cierre de 2011. Adicionalmente, la petrolera recuerda que mantiene un préstamo con el grupo Petersen valorado en 1.542 millones de euros.

Al cierre de 2011, YPF representaba un 25,6% del resultado operativo del grupo y un 21% del resultado después de impuestos, así como un 33,74% de las inversiones.

Repsol añade que, como consecuencia de la medida anunciada por el gobierno argentino, la deuda neta del grupo se reducirá en 1.600 millones de euros.

Desde España, el gobierno de Mariano Rajoy condenó la decisión «arbitraria» de las autoridades argentinas y ha anunciado que adoptará medidas «claras y contundentes» en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior.