La Justicia allanó hoy el departamento que pertenece al vicepresidente Amado Boudou en un edificio de Puerto Madero y, aunque lo encontró vacío, descubrió que el que pagaba las expensas era el empresario Alejandro Vanderbroele, a cargo de la ex Ciccone Calcográfica y señalado por su esposa como testaferro del ex ministro de Economía.
Así lo revelaron a fuentes judiciales, que precisaron que se allanó el departamento propiedad de Boudou que era alquilado a Fabián Carosso Donatiello, socio de Vanderbroele.
El departamento del piso 25 del lujoso complejo ubicado en Juana Manso 740 estaba vacío desde hacía dos meses y solamente se secuestraron tres teléfonos inalámbricos, indicaron las fuentes, quienes destacaron que, no obstante, se determinó que Vanderbroele había pagado expensas del inmueble.
Allanamiento. El fiscal Carlos Rívolo solicitó al juez federal Daniel Rafecas el allanamiento del inmueble ubicado en le piso 25 de la calle Juana Manso al 700, en Puerto Madero.
Al momento del procedimiento, el departamento se encontraba deshabitado y vacío. Según pudo conocerse, Boudou reside a pocos metros de edificio que fue allanado esta tarde.
El inmueble le sería alquilado a Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, titular de la ex Ciccone, publica Clarín.
El procedimiento fue solicitado por el fiscal Carlos Rívilo, en el marco de la investigación que busca determinar si existió tráfico de influencias del por entonces ministro de Economía Boudou a favor de la imprenta.
El caso.En la causa se investiga el levantamiento de la quiebra de Ciccone por parte de The Old Fun y si Boudou tuvo intervención en el hecho.
La Afip había pedido la quiebra de la empresa por una deuda de más de 250 millones de pesos, pero luego le solicitó a la Justicia comercial que le diera Ciccone a The Old Fun, lo que para los investigadores es considerada una “maniobra poco habitual”.
Boudou firmó una resolución, cuando estaba al frente del Ministerio de Economía, en la que pidió por los trabajadores de Ciccone. La causa investiga los delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.