España vivió la primera huelga genenral contra el ajuste implementado por el gobierno del presidente Mariano Rajoy, con cientos de miles de personas que salieron a protestar en más de 100 ciudades y una verdadera batalla campal en Barcelona entre policías y manifestantes.
La huelga fue calificada de éxito por los sindicatos convocantes mientras que el Ejecutivo considera limitado el impacto de la protesta e insiste en que no cambiará la esencia de su reforma.
La jornada de paro transcurre con un desigual seguimiento, según los sectores, con el cese de la producción en grandes empresas de la industria pero con menor repercusión en los servicios y transportes.
Al cabo de una jornada de huelga que paralizó fábricas, puertos y el transporte público de punta a punta de España, el gobierno dijo que enfrentamientos en distintas ciudades dejaron al menos 116 heridos, entre ellos 70 policías, y que un total de 800.000 personas se manifestaron en todo el país.
Los sindicatos que convocaron la huelga, en cambio, dijeron que hubo 900.000 personas sólo en Madrid y 800.000 más en Barcelona, y que la huelga general alcanzó una adhesión del 77%, con una participación especialmente elevada en la industria, la construcción, el sector automotor y el transporte.
Los líderes de los dos principales sindicatos españoles, Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras (CCOO), y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT) proclamaron el «éxito democrático y social indiscutible» de la huelga y pidieron al Gobierno que negocie la modificación de la reforma laboral, que consideran «dañina» para los trabajadores.
Los sindicatos opinan también que la nueva normativa, aprobada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo en unas de sus primeras medidas, no ayudará a relanzar la economía y será ineficaz para la generación de empleo en un país con 5,2 millones de desempleados, el 23 por ciento de la población activa.
Disturbios. En algunas ciudades hubo disturbios, pero ningunos tan graves como los de Barcelona, donde huelguistas y policías libraron una verdadera batalla campal que terminó con quema de contenedores de basura y roturas de vidrieras de entidades bancarias y negocios en el centro de la ciudad.
Los incidentes comenzaron cuando la policía cargó sobre miles de manifestantes cerca de la céntrica plaza de Catalunya.
Al grito de «El pueblo unido, jamás será vencido», manifestantes respondieron a la carga policial incendiando una barricada y lanzado botellas y bombas de pintura contra los agentes, que lanzó gases y balas de goma contra la gente.
El gobierno regional catalán dijo que al menos 45 personas fueron detenidas en protestas en toda la comunidad autónoma, incluyendo a 31 en Barcelona.En algunas ciudades hubo disturbios, pero ningunos tan graves como los de Barcelona, donde huelguistas y policías libraron una verdadera batalla campal que terminó con quema de contenedores de basura y roturas de vidrieras de entidades bancarias y negocios en el centro de la ciudad.
Los incidentes comenzaron cuando la policía cargó sobre miles de manifestantes cerca de la céntrica plaza de Catalunya, según constató Télam.
Al grito de «El pueblo unido, jamás será vencido», manifestantes respondieron a la carga policial incendiando una barricada y lanzado botellas y bombas de pintura contra los agentes, que lanzó gases y balas de goma contra la gente.
El gobierno regional catalán dijo que al menos 45 personas fueron detenidas en protestas en toda la comunidad autónoma, incluyendo a 31 en Barcelona.
Cuestionada reforma. El principal argumento del Gobierno para aplicar la reforma es precisamente el desempleo, para lo que el Ejecutivo conservador apuesta por flexibilizar el mercado de trabajo.
España está bajo el punto de mira de los mercados financieros internacionales y de la Unión Europea, que presiona al Gobierno de Madrid para que controle el déficit público hasta dejarlo este año en el 5,3 % del PIB.
Ello supondrá acometer fuertes recortes en las cuentas de este año, que serán presentadas mañana por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.
En una rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios propusieron al Ejecutivo que inicie un camino distinto para buscar un consenso que relance la actividad económica y reduzca el desempleo.
Los sindicatos dieron de plazo hasta el próximo 1 de mayo para que el Gobierno les lance «una señal», y advirtieron que, de lo contrario, recrudecerán sus posturas.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó en la primera respuesta del Ejecutivo que cuentan con los sindicatos para entablar un diálogo «abierto y permanente», pero dejó claro que las partes fundamentales de la reforma laboral no se van a modificar.
«La agenda reformista es imparable», aseveró la titular de Empleo, quien recordó que la nueva legislación laboral ha sido ampliamente respaldada por el Congreso de los Diputados (la Cámara Baja del Parlamento español).
Cifras. Sobre el desarrollo de la protesta, los secretarios generales de CCOO y UGT indicaron que la participación está siendo «muy amplia», en torno al 77 por ciento, y que el seguimiento supera al de las huelgas generales de 2002 y 2010, esta última también contra una reforma laboral.
El Gobierno no comparte los cálculos de los sindicatos y según la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, el impacto de la huelga es «claramente inferior» al paro convocado contra el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2010.
Para reforzar sus palabras, Díaz destacó la normalidad en la actividad de las administraciones públicas, los grandes centros comerciales, los mercados de abastos, los bancos y el transporte urbano.
Las dos principales patronales españolas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) destacaron, por su parte, que el seguimiento de la huelga ha sido dispar, aunque más acusado en la industria y en el norte del país.
Según las patronales del sector, en el comercio la huelga tuvo poca repercusión.
Las cifras varían mucho, según el origen de las mismas: en la construcción y el sector agrario, por ejemplo, UGT y CCOO hablaron de un apoyo mayoritario, mientras que la patronal observó que el seguimiento fue mínimo.