El gobierno de los Estados Unidos aplicó hoy un castigo comercial a la Argentina, al suspenderla de su sistema de preferencias arancelarias, lo cual generó un duro rechazo de la administración kirchnerista, que
cuestionó la medida y hasta sugirió que está motorizada por los «fondos buitres» que reclaman el pago de deudas.
El presidente norteamericano, el demócrata Barack Obama, anunció su decisión de suspender a Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias por «no actuar de buena fe» en el cumplimiento de dos sentencias del CIADI a favor de empresas estadounidenses.
La medida impacta en el 11 por ciento de las exportaciones argentinas a la principal potencia mundial -unos 480 millones de dólares anuales-, que se beneficiaban con ese esquema.
«He determinado que es apropiado suspender la designación de Argentina como país en desarrollo beneficiario del GSP, porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de Estados Unidos», disparó la comunicación oficial emitida por la Casa Blanca.
Obama aludió a dos decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial favorables a las empresas estadounidenses Azurix y Blueridge por más de 300 millones de dólares.
El representante comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, cuya oficina había recibido la petición de estas empresas para que Washington suspendiera a Argentina del programa por el impago, respaldó la decisión del mandatario.
Kirk llamó a Argentina a asumir sus compromisos para revertir la suspensión: «Urgimos al gobierno de Argentina a pagar las indemnizaciones (…) Esto nos permitiría considerar reincorporar a Argentina como país elegible para el GSP y promover el crecimiento de un comercio estadounidense-argentino y una inversiones mutuamente beneficiosos».
Según indicó Kirk, el anuncio de Obama se hará efectivo 60 días después de la publicación de la decisión en el Registro Federal, por lo que la Argentina tendría todavía tiempo de revertir su decisión de dos fallos emitidos en 2005 y 2006 a favor de las empresas norteamericanas.
Dos compañías estadounidenses reclaman indemnizaciones a la Argentina por 300 millones de dólares.
El estatuto de preferencias arancelarias (SPG) beneficia ciertas exportaciones de países pobres y en desarrollo a Estados Unidos.
En el caso de la Argentina esas exportaciones son de 477 millones de dólares, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en su comunicado.
Dos concesionarias estadounidenses que operaban en Argentina, Blueridge (electricidad) y Azurix (saneamiento de aguas), ambas con sede en Texas (sur), vieron sus contratos rescindidos y demandaron al país sudamericano ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICSID por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM).
El ICSID declaró a Argentina culpable en dos sucesivas sentencias del panel de arbitrio en 2005 y 2006, según el USTR, pero hasta ahora se niega a pagar.
Argentina aduce que las reglas del ICSID establecen que las indemnizaciones pueden ser abonadas en función de la legislación interna de cada país, como otros países miembros de ese tribunal, según fuentes diplomáticas conocedoras del caso.
Pero Estados Unidos defiende a esas empresas que exigen que el pago se realice lo antes posible.
Esta decisión de Washington se añade a una lista de crecientes desacuerdos bilaterales entre ambos países, principalmente a causa de la moratoria de la deuda externa argentina, que sigue sin resolverse una década después.
La suspensión comercial entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal estadounidense, explicó el comunicado.
«Urgimos al gobierno de Argentina a que pague las indemnizaciones. Eso nos permitiría reconsiderar la pertenencia de Argentina al GSP», añadió el texto.
Estados Unidos fue acentuando la presión sobre Argentina en foros multilaterales para que estos conflictos comerciales privados encuentren una solución definitiva.
El principal obstáculo es la moratoria de la deuda, ya que la Argentina saldó casi en su totalidad la deuda pendiente con inversores extranjeros desde 2001, cuando se declaró en default por más de 90.000 millones de dólares, mediante acuerdos de quitas, pero aún debe unos 6.100 millones de dólares, parte de los cuales a fondos de inversión que declaran tener sede en Estados Unidos.
Washington vota regularmente contra la concesión de ciertos créditos a Argentina en el seno del BM y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras examinar si esos préstamos tienen una función de desarrollo social o no.
El Congreso estadounidense es además muy receptivo a las quejas de las empresas que operan en el extranjero, que no dudan en contratar firmas de abogados o relaciones públicas para cabildear sus casos.