Si le retiran las áreas ¿Quién se hace cargo? Le preguntaron al gobernador Daniel Peralta el pasado 9 de marzo y respondió: “Así como ellos dicen que de la YPF estatal recibieron pasivos ambientales, ahora es la misma sociedad actual la que conforma YPF, la que debe hacerse cargo”.
Esto también lo explicó ayer el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Antonio Ferreiro, quien indicó a medios de Chubut que no sólo la operadora no debe dejar ningún “pasivo” sino también disponer de sus activos que están conformados, a modo de ejemplo, por tanques de almacenamiento, baterías, pozos y cañerías.
“Esos activos tienen que estar en condiciones porque no nos pueden entregar chatarra”, afirmó. Ferreiro dijo también que la obligación de cumplir con las normativas de remediación ambiental generaría ocupación de nueva mano de obra y que en caso de que YPF se negara a hacerse cargo de ese pasivo, “se le aplicarán las multas que corresponde”.
Impuesto a pozos inactivos- Otro de los que habló del tema en las últimas jornadas fue el jefe de bloque del Frente Para la Victoria (FVS) en Cámara de Diputados, Rubén Contreras.
«Yo le sacaría todo», dijo el Legislador, y apuntó al «abandono total» de pozos en los que «no se realizan siquiera tareas de mantenimiento de las instalaciones», por lo que «pozo que no funciona, se para», situación que en las áreas revertidas afecta «la gran mayoría» de las torres petroleras.
Contreras aseveró que «no hay inversión en baterías, oleoductos, recuperación secundaria» y otros aspectos de la producción.
Contreras presentó un proyecto este año que tomó estado parlamentario en la primera sesión del año que le pone un canon a las empresas que tengan pozos de producción abandonados. La iniciativa había sido enviada tiempo atrás por el propio legislador pero nunca había sido tratada. Con los últimos acontecimientos, Contreras lo volvió a presentar.
Contreras explicó semanas atrás a TiempoSur que su iniciativa tiene como objetivo crear un marco normativo para el control ambiental de los pozos inactivos en todo lo que hace a la actividad hidrocarburífera. En este sentido, remarcó “el pedido es claro, que las empresas se hagan cargo de los pozos inactivos que se encuentran en los distintos yacimientos, y aquellos que no van a ser puestos en actividad, los cierren definitivamente”.
Sobre las tareas a realizar señaló, “van a tener que intervenir el pozo y cambiar las cañerías ya que datan de muchos años atrás y no todos, pero algunos, deben tener roturas. Si esto es así, se producen contaminaciones en las distintas capas del suelo”, marcando además otro de los beneficios que contiene el proyecto, ya que permitiría un medio ambiente más saludable. En cuanto a la recaudación por este impuesto, la calculó en unos 240 millones de pesos anuales, además de la mano de obra que creará.
Más de lo que informan- En el caso de Chubut, se estima que son alrededor de 1.700 los pozos abandonados en el ejido urbano. Leonardo Minghinelli, director de la Comarca Senguer -San Jorge, se refirió acerca de las tareas de auditoría ambiental que tiene a su cargo para el traspaso de áreas de YPF anunciada por el gobernador Martín Buzzi.
“Lo que puedo informar es que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hidrocarburos y con Petrominera para la evaluación de los pasivos ambientales que dejaría la empresa en estas áreas donde se está haciendo la reversión”, explicó a medios de esa provincia.
En este sentido, Minghinelli manifestó que se puede llegar a una estimación del pasivo ambiental teniendo en cuenta que anualmente las petroleras les informan acerca del mismo. “Yo recién estuve recolectando información, para la zona de Escalante-El Trébol y Campamento Central, YPF ha denunciado alrededor de 15 a 20 pasivos, pero nosotros estimamos que pueden llegar a ser más”. En tanto aseguró que los mismos son antiguos derrames y en algunos casos puntuales, piletas de pozos que han sido mal saneadas.
Ya se trabaja en pliegos de licitación de áreas revertidas
El presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Juan Antonio Ferreiro, se refirió en Caleta Olivia a las áreas a las que el Gobierno declaró su caducidad y obligó a YPF a devolver en un lapso de 90 días (Barranca Yankowsky, Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal) ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge.
“Lo que se hizo fue nada más y nada menos que dar cumplimiento a la Ley Nacional 17.319 que establece que las empresas tienen que operar con buenas artes todas las concesiones que tienen”, sostuvo Ferreiro al diario El Patagónico, argumentando que aquí quedó en claro “que en un lapso razonable de seis años YPF no ha cumplido con sus obligaciones”.
“Nosotros oportunamente le hemos pedido a la operadora las explicaciones del caso -acotó- y evidentemente no pudo justificarlas porque los datos que disponemos son declaraciones juradas que la misma operadora presentó”, las cuales reflejan que en las tres concesiones o áreas mencionadas sus inversiones fueron “ínfimas o nulas”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que -más allá de las demandas legales ya anunciadas-, la operadora decida retirarse del resto de los yacimientos, Ferreiro dijo que “nosotros creemos que eso no va a ocurrir porque además YPF no querrá abandonar sus activos que son importantes”.
Expresó que Santa Cruz ya está trabajando en la confección de pliegos para realizar nuevos llamados a licitación, aunque por el momento es apresurado establecer si las convocatorias serán a nivel nacional o internacional, e incluso si se le dará participación a las pymes a través de Fomicruz.
Luego dijo que personalmente no tenía conocimiento de la existencia de otras empresas que estuvieran interesadas en adjudicarse las áreas que se le quitaron a YPF y admitió que “es posible” que se le rescindan contratos en otras”.
Se suman más provincias
Se trata de Neuquén, Mendoza y La Pampa. Avanzarán con la quita de concesiones de yacimientos de YPF para su exploración. El gobernador pampeano, Oscar Jorge, reclamó además un 15% de aumento de la producción. Se plegaron a las medidas tomadas por Santa Cruz y Chubut