Por increíble que parezca, en la actualidad los deudores pierden su vivienda y además mantienen parte de la deuda y sus intereses y lo que propone el Gobierno como «solución» a la terrible crisis es que le salden la deuda a cambio de quedar en la calle.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó en el Congreso de los Diputados que esta medida estará incluida en el «Código de Buenas Prácticas» para las entidades financieras que impulsará el Ejecutivo.
Pero la iniciativa del gobierno respecto a la dación de pago, un antiguo reclamo de las organizaciones sociales que se extendió durante la crisis con las protestas de los «indignados», no es una ley sino un catálogo de recomendaciones que la banca no estará obligada a cumplir.
«La dación de pago voluntaria ya está recogida en la legislación actual, el problema es que casi ninguna entidad financiera la contempla en los créditos hipotecarios que suscribe con sus clientes», explicò Ada Colau, portavoz de la Plataforma afectados por las Hipotecas (PAH).
«Los anuncios del gobierno son decepcionantes. No necesitamos que recomienden sino que aporten soluciones para las familias que sufrieron abusos por parte de los bancos y se quedaron en la calle, entrando en un espiral de exclusión», denunció Colau.
Ya son más de 330.000 las familias que fueron desahuciadas tras sufrir ejecuciones hipotecarias en los últimos años, recordó la activista.
No obstante, la movilización ciudadana promovida por esta plataforma, con ayuda del movimiento 15-M, evitó también que decenas de familias fueran expulsadas de sus hogares.
El método utilizado fue el escudo humano, que en algunos casos resultó y en otros no, pero que se convirtió en un símbolo de solidaridad en medio de la grave crisis que atraviesa España.
Colau señaló que es urgente que el gobierno legisle para garantizar el derecho a la dación en pago, la moratoria de los desahuciados y la reconversión de los pisos hipotecados ejecutados en alquiler social asequible, y todo ello con carácter retroactivo».
Los desahuciados son la consecuencia más dramática de una crisis que dejó ya más de cinco millones de desocupados en España, quienes al no poder pagar sus hipotecas se quedan en la calle.
En España, cuando una persona que compró su vivienda a través de un crédito hipotecario no puede pagarlo, su inmueble es subastado y como no hay comprador en el mercado por la situación de crisis, el banco se lo queda pagando el 60% de su valor de tasación.
«Esto es una estafa generalizada, la gente no lo sabía y los bancos se adjudican así las viviendas a un valor arbitrario que no es ni el de mercado ni el que tenía el inmueble en el momento de su tasación», explica Colau.
«Las familias pierden sus viviendas y además se quedan con deudas de hasta 200 mil euros, con intereses que son imposibles de liquidar”, subraya la portavoz de la PAH.
«Esto impide a los afectados llevar adelante la mayor parte de sus actividades económicas, ya que al ser deudores no pueden ni contratar una línea telefónica y se ven obligados a permanecer en la economía sumergida y la exclusión social», remarca.
La propuesta del Ejecutivo, según de Guindos, está pensada para las personas debajo del «umbral de exclusión», lo que contempla a «las familias con todos sus miembros desempleados y con bajos ingresos», aún por determinar.
Además, el ministro sostuvo que «deberá tratarse de la primera vivienda» y se tomarán precauciones «para que no haya una situación de acogimiento abusivo o fraudulento».
En cuanto a los desahuciados, el gobierno propone a los bancos que den un plazo de al menos dos años a las familias que ya no pueden pagar su deuda hipotecaria antes de recurrir al desalojo.
El plazo podría ser prorrogable y durante el período de carencia, el afectado tendría que pagar una renta justa a la entidad, precisó el titular de la cartera de Economía, interpelado por el diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, sobre las medidas que el Ejecutivo iba a tomar ante los abusos de las entidades financieras.