La iniciativa alcanza aproximadamente al 50% de los estatales, teniendo que en cuenta que excluye a quienes revistan en el Poder Judicial, en cargos docentes, policiales y del Servicio Penitenciario Provincial, que suman unas 22.000 personas.
El expediente integra un paquete de seis proyectos, que serán analizados hoy en Labor Parlamentaria, para confirmar su inclusión en la sesión del jueves de la Legislatura. Todos llegaron con acuerdo de ministros, por lo tanto tendrían tratamiento en única vuelta, según detalla hoy el Diario Río Negro.
El proyecto que declara el pase a disponibilidad de «la totalidad» del personal de planta permanente prevé la creación de una Comisión de Transparencia en el Empleo Público, que será la encargada en el término de 90 días hábiles de elaborar y aprobar las nuevas estructuras organizativas y plantas de puestos de trabajo del sector público. Dentro de ese espacio habrá lugares para representantes de los poderes Ejecutivo (tres), Legislativo (tres) y de gremios de los sectores involucrados (uno).
El artículo 6º estipula que una vez aprobado el organigrama «de verificarse que la planta real de empleados excediere la cantidad de cargos aprobados en relación a las mismas, la autoridad competente resolverá en base a criterios objetivos de evaluación, la nómina de agentes respecto de los cuales se hará efectivo el pase a disponibilidad, con percepción de haberes y cese de prestación de servicios». La comisión tendrá 60 días hábiles para emitir tales resoluciones.
Dentro del articulado se indica que la sujeción a disponibilidad quedará automáticamente sin efecto respecto del personal no comprendido en dicha nómina. Dentro de los 30 días hábiles del pase a disponibilidad, la autoridad procurará la reubicación y/o recalificación de los agentes afectados.
«Vencido el plazo precedentemente sin que hubiere sido posible la reubicación y/o recalificación, se producirá la extinción del vínculo de empleado público, generándose para el afectado el derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año aniversario», expresa el proyecto.
En caso de que el agente se hubiese desempeñado en el plazo indicado como autoridad superior, se tomará como base para la indemnización la remuneración correspondiente a su categoría de revista actual.
El texto está enmarcado en una declaración del estado de emergencia provincial incluyendo las áreas institucional, económica, financiera, administrativa y social. La perentoriedad alcanza a la prestación de los servicios, ejecución de los contratos y la cancelación de obligaciones a cargo del sector público provincial.
La propuesta faculta al Poder Ejecutivo a disponer por cuestiones urgentes a rescindir o renegociar los contratos, sean de obra, servicios, suministros, de consultoría o de cualquier otro tipo que generen obligaciones al Estado; y que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2011.
En cuanto a la reestructuración de deudas, se faculta a la Comisión de Transacciones Judiciales a disponer de las medidas que fueren necesarias para la determinación, verificación y/o reestructuración de las acreencias, judiciales o extrajudiciales que los particulares mantengan con el Estado Provincial con causa anterior al 10 de diciembre pasado.
El estado de emergencia se extenderá por un año, lapso durante el cual el Poder Ejecutivo podrá disponer la intervención, escisión, fusión, extinción o transformación o eliminación de los organismos, entes y empresas que integran el sector público provincial.
El mensaje inserto en el proyecto de ley argumenta un «déficit mensual que en meses previos a la elección de setiembre ha llegado hasta los 56 millones de pesos, mientras que la deuda con proveedores a diciembre ha trepado hasta los 400 millones de pesos».
Asimismo, hizo notar que el stock de deuda de la Provincia trepó hasta los 3.900 millones de pesos, y todo esto luego de que el gobierno nacional realizara una quita, durante 2009, de 372 millones de pesos».
Soria alegó además que «el cuadro es por demás crítico» y «no traigo a engaños, llego con la realidad de hospitales sin medicamentos, una obra social quebrada, una empresa vial que dejó de atender a los parajes, una deuda por demás fenomenal».