En el otro país de Alberto Rodríguez Saá, San Luis, pasan cosas que no trascienden la frontera de la información. Por decreto, el gobernador puntano ordenó expropiar 222 hectáreas que están en las cercanías de su llamativa casa en El Durazno. El argumento utilizado: las tierras eran, a partir de la firma de la resolución, de interés público. Serían utilizadas para construir una escuela, un centro cívico, un centro de salud y un cuartel de bomberos, en una localidad que tiene apenas sesenta habitantes.
El argumento no les cerraba a los expropiados. Y por lo que ocurrió después, parece que tenían razón. Según relató a PERFIL el abogado de uno de los damnificados, Guillermo Domenicani, “en las 45 hectáreas que le quitaron a una de las familias sembraron soja. En otras 25 hectáreas de otro propietario levantaron un centro comercial. Y a mi cliente, Mario Escudero, lo desalojaron por la fuerza, lo procesaron por usurpar su propio campo y ya alambraron todo y empezaron a hacer una construcción. ¿Necesitan 222 manzanas para hacer cuatro edificios públicos? Lo que quieren hacer es un barrio exclusivo, alrededor de la mansión de Rodríguez Saá”.
El decreto no fue refrendado por la Legislatura ni tampoco se determinó con fundamentos por qué esas tierras eran de interés público. Con algunos de los expropiados negociaron y se hicieron de las hectáreas que necesitaban. Pero las autoridades provinciales se encontraron con una piedra en el zapato.
Mario Escudero, un hombre de 70 años, no quería abandonar su casa ni su campo, donde criaba algunos animales. En el primer intento de desalojo, el 15 de julio de este año, detuvieron a dos mujeres y a los niños que se encontraban en la propiedad. Escudero estaba en la ciudad capital. Una vez con todos afuera destruyeron la casa con una topadora y según denunció su hijo, homónimo, “nos robaron todo. Hasta los jamones, la ropa de mi hijo, los animales, nos dejaron como Dios nos trajo al mundo”.
Pero Escudero no bajó los brazos. Se instaló con carpas en el campo y aguantó, hasta el miércoles de la semana pasada, cuando un juez ordenó que lo desalojaran con fuerzas de infantería. Escudero se tuvo que ir a vivir a El Volcán, una localidad a nueve kilómetros, donde unos amigos le dieron hospedaje. El resto de su familia quedó en la capital provincial.
“Quieren hacer un Puerto Madero Serrano”, le contó a PERFIL un periodista puntano. Rodríguez Saá ya había expropiado campos en la zona. Levantó allí cinco canchas de polo que fueron usadas para el campeonato mundial que se jugó este año. Una hermosa vista tiene ahora desde su casa de El Durazno.
Pero la historia con la familia Escudero viene de larga data. El jefe de la familia se instaló allí hace 12 años. Compró 120 hectáreas para pasar sus últimos años de vida y dejarle el campo a sus hijos.
Hace varios años empezaron a sufrir obstáculos extraños. “Nos cortaban el agua en verano. No entendíamos por qué. Nos incendiaron el campo dos veces. Hace como seis años un ciudadano de La Plata nos denunció por usurpación, por supuesto que la denuncia no prosperó porque teníamos la escritura y el boleto de compra venta.
Como con ninguna de esas cosas nos espantaron, nos mandaron operadores inmobiliarios para comprarnos el campo. Mi viejo les contestó: ‘hermano, este lugar no se vende. Me vine acá a vivir los últimos años de mi vida y después se lo voy a dejar a mis hijos’”, relató el hijo de Escudero a PERFIL.
“Al tiempo vino el que va a asumir como intendente y nos extorsionó”, agregó. Y eso efectivamente ocurrió. En octubre de 2010, les llegó una cédula de expropiación donde se declaraban esas hectáreas y otras de interés público. Escudero resistió hasta donde pudo. Ahora él, su hijo, y uno de sus sobrinos están fuera del campo y procesados por usurparlo.
Ellos denunciaron al gobernador por extorsión y por traición a la patria. Pero no confían en la Justicia de San Luis. PERFIL quiso conocer la versión del gobernador sobre estos hechos. Para eso este diario se puso en contacto con sus voceros. Al cierre de la edición no habían contestado.
Fuente: PERFIL