La sala tercera de la Corte Suprema acogió la acción cautelar presentada por la empresa agrícola Agrofuturo Ltda, afirmando que el SAG vulneró un derecho de igualdad ante la ley por revocar «un permiso inicial otorgado sin la realización de una audiencia previa en la que se permitiera exponer argumentos».
El organismo gubernamental había autorizado en marzo pasado el cultivo, siembra, plantación y cosecha de cannabis, pero luego revocó el permiso tras una serie de consultas con otras dependencias públicas.
«Estamos plenamente satisfechos por el logro alcanzado. Hubo un equívoco en la resolución del SAG, por lo tanto queda abierta la posibilidad de que dé cumplimiento ahora a esa omisión», consideró Pablo Stevens, abogado de la firma afectada.
Agregó que la compañía analizará si utiliza el permiso para iniciar la plantación de marihuana, mientras que el SAG no emitió declaraciones.