(Río Grande, octubre 7 de 2011) – La Gobernadora Fabiana Ríos rubricó hoy el decreto por el cual se aprueba el convenio con la empresa que llevará a cabo la culminación del Puerto de Río Grande, obra iniciada originalmente en 1995 y paralizada desde 2001.
Ríos firmó el referido decreto en acto público, flanqueada por el presidente de la Dirección de Puertos Alejandro Berola y directivos de las tres empresas involucradas en el convenio. En su discurso, la gobernadora destacó la presencia en el acto del intendente electo de Río Grande Gustavo Melella. Asistieron también al histórico evento autoridades de fuerzas de seguridad, legisladores, concejales y funcionarios del gobierno provincial.
La obra del puerto Caleta La Misión est{a paralizada desde 1998; su continuación estará a cargo del consorcio francés IFEFI; la firma Piedrabuena S.A. y la UTE Ormas-Andrade-Gutiérrez, que desiste así de reclamar judicialmente a la Provincia 100 millones de pesos por lucro cesante.
El acuerdo al que se arribó con la empresa de capitales franceses, establece que el Ejecutivo provincial concesionará por 40 años la explotación del puerto, con la posibilidad de cada cinco años realizar ofertas por parte del Estado para su adquisición
Asimismo, la Provincia tendrá participación accionaria e integrará el Directorio que administre la terminal portuaria, por lo cual tomará parte en las decisiones que se adopten.
Al hablar, previo a la rúbrica del documento, la mandataria destacó que “el Estado provincial no tendrá que aportar ni un peso” para la prosecución de la obra, cuya realización, Ríos había evaluado como “inviable” cuatro años atrás, si debía hacerse con fondos públicos.
Con el acuerdo (que modifica el contrato de obra por uno de concesión de obra pública), se buscó -dijo Ríos- “transformar ese monumento a la frustración en una posibilidad concreta para la Zona Norte, que claramente requiere de una estructura portuaria que aporte a la logística de desarrollo».
Admitiendo el escepticismo generalizado de la opinión pública en torno a la reactivación de la obra tras tantos anuncios incumplidos por gestiones anteriores, la Gobernadora detalló que desde su gestión “trabajamos más de un año en el acuerdo, paso por paso, comenzando con la elaboración de la Carta Intención y luego con los informes técnicos que nos permitieron firmar una Carta Compromiso”.
“Hemos tenido la precaución y la alegría de ir compartiendo con la comunidad de Río Grande cada paso adelante que íbamos dando; inclusive dando a conocer los problemas y las demoras que nos superaban porque, en realidad, era mucho más difícil resolver lo que estaba mal para atrás que iniciar algo nuevo, lo que hubiese significado hacernos cargo de una demanda millonaria y empezar a construir con fondos que no tenemos”, sostuvo.
Como alternativa, se definió el acuerdo por el cual la concesionaria, la empresa de capitales franceses “Piedrabuena” afrontará todo el costo de la ejecución, además de hacerse cargo de la deuda que el Estado provincial debe asumir en carácter de “improductivos” en favor de la anterior concesionaria de la obra, el grupo Ormas-Andrade Gutiérrez.
Como contraprestación, Piedrabuena S.A. se convierte en adjudicataria de la concesión del puerto y todo su producido durante un lapso no menor de 40 años, debiendo abonar un canon anual cuyo monto no ha sido establecido.
Conforme a lo detallado en el decreto de marras, la empresa concesionaria tiene un plazo de sesenta días para presentar el diseño definitivo de la obra. Luego de ello, y en no más de 30 días, el gobierno provincial deberá efectuar las observaciones que considerare, tras lo cual se suscribirá el definitivo Convenio de Concesión de Obra Pública, que será elevado a la Legislatura para su definitiva aprobación.
El plazo de obra –para su total culminación-ha sido estimado en 48 meses, aunque se ha establecido que el Puerto deberá estar en marcha en un plazo máximo de 30 meses.
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