(Río Grande, 22 de setiembre de 2011) – En abril de este año, EDFM informaba que el conductor radial de Río Grande Carlos Alberto Muzón había elevado nota a la gobernadora Fabiana Ríos, a los miembros de la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, manifestando bajo el calificativo de “grave denuncia”, que la diputada nacional María Adela “Mariel” Calchaquí falsificó un título secundario para cobrar un plus como empleada de la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia, donde ésta reviste como planta permanente categoría 23, desde 1990.
Y aunque en primera instancia la diputada había dejado abierta la posibilidad de que haya existido una “mal o errónea liquidación en concepto de remuneración” durante 17 años en concepto de título secundario por parte de la administración pública provincial, aseguraba que jamás presentó “un título de educación o documento falso” y que sus estudios “están debidamente certificados”.
Sin embargo las actuaciones encaradas desde el Poder Ejecutivo Provincial, y las constancias solicitadas al colegio Jerónimo Luis de Cabrera de la capital cordobesa, indicaron lo contrario, por lo cual el gobierno abrió un investigación administrativa por presunta defraudación lo que desembocó posteriormente en una denuncia penal ante los estrados judiciales de la provincia en el mes de junio.
Publicado recién el pasado 19 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 2916, el Fiscal de Estado de la Provincia Virgilio Martínez de Sucre se expidió el 5 de julio a través de la Resolución 12/11 avalando los fundamentos del Ejecutivo y a su vez solicitando la exoneración de Calchaquí de la Administración Pública, más allá de la decisión que tome la justicia sobre el tema.
María Adela Calchaquí accedió a una banca de la Cámara Baja del Congreso Nacional en 2007 por el Partido de Unidad Federalista que capitaneó el genocida Luis Abelardo Patti, concluyendo su mandato el próximo 10 de diciembre. Posee el título de Licenciada en Ciencias Políticas otorgado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, habiendo ingresado bajo la modalidad que brinda esa casa de altos estudios para personas que superan los 25 años de edad y que no poseen título secundario. Sin embargo, todo indica que durante 17 años, cobró un ítem salarial por título secundario habiendo cursado primer año, adeudando de este la asignatura matemática y quedado libre de segunda año, para no regresar más a las aulas.
La Resolución de Martínez de Sucre
Reunidas las pruebas enviadas por el Ministerio de Gobierno, por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por el Instituto Superior “Jerónimo Luis de Cabrera y por la Secretaría General de Gobierno, el Fiscal de Estado de la Provincia Virgilio Martínez de Sucre, emitió un contundente dictamen contra la hoy diputada Nacional María Adela Calchaquí por el presunto delito de falsificación y/o adulteración de certificado de título secundario para hacerse acreedora de un ítems salarial para el cual no estaba capacitada.
En el proceso de investigar la autenticidad del certificado presentado por Calchaquí y conocer si ello correspondía a que la denunciada había cursado o lo estudios secundarios completos como los que ella asegura haber realizado en un colegio de la ciudad de Córdoba, el Fiscal indica que la directora del Instituto Superior Jerónimo Luis de Cabrera (ex escuela Jerónimo Luis de Cabrera) Claudia Franco, expuso que “la constancia de Estudios que se adjunta en copia a favor de la Sra. María Adela Calchaquí DNI: 20.225.301 el 20 de febrero de 1989, no fue extendida por vuestro establecimiento (sic) y que según reza en el sello oval de la constancia dice: Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera”, y haciendo expresa salvedad, indica; “nuestro establecimiento nunca llevó esa denominación por cuanto nuestro sello correspondiente a esa fecha reza Instituto Jerónimo Luis de Cabrera”.
Afirma además que hasta mediados de los 90, la denominación era de Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera y desde allí, Instituto Provincial de Educación Media 138 Jerónimo Luis de Cabrera.
Cecilia Abellan, otra autoridad del instituto ratifica lo informado al Ejecutivo Provincial en junio, “que en los archivos escolares, María Adela Calchaquí cursó en forma incompleta 1º año en 1981 turno mañana adeudando matemática y que pasó al turno noche, donde cursó 2º año en 1982 y lo repite en 1983, quedando libre por inasistencia”.
“Claro y contundente”
“La transcripción en los párrafos precedentes es clara y contundente respecto a la situación de estudios de la Sra. Calchaquí”, indica el Fiscal de Estado, toda vez que “allí no sólo se afirma que la misma no completó sus estudios, que no obran constancias de que haya completado o pretendido completar sus estudios en otros establecimiento, sino que además que no hay registros oficiales respecto a que la copia del certificado (que presentó a gobierno) haya sido emitida y/o certirficada por las autoridades del establecimiento educativo aludido por Calchaquí”.
El Titular del Organismo indica que, a la luz de los antecedentes reunidos desde este organismo de control, no cabe otra presunción que determinar que María Adela Calchaquí, “se valió fraudulentamente de un certificado adulterado y/o inexistente, supuestamente extendido en febrero de 1989 desde la ex – escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera, que presentó con el objeto de cobrar el adicional, logrando percibir en mismo de manera ilegitima y obviamente con conocimiento de dicha ilegitimidad, al menos desde el inicio de su relación de empleo público el 1º de marzo de 1990 hasta el 5 de diciembre de 2007.
Recomienda además, que “dada la gravedad de la falta cometida, debiera ser sancionada como mínimo con la imposición de cesantía, siendo importante puntualizar que de ser ella la sanción que se imponga una vez finalizado el sumario, la misma debiera tener carácter provisional a las resultas de la causa criminal, de tal modo que quede abierta la posibilidad de sustituir la cesantía por una sanción de mayor gravedad, concretamente la exoneración”.
Cesantía “independiente del proceso penal”
Sin embargo, Martínez de Sucre les recuerda a las autoridades gubernamentales “que el sumario administrativo deberá tramitar con total independencia y prescindencia del proceso penal, no debiendo ni pudiendo ser suspendido en virtud de causa judicial. Ello sin perjuicio del resultado de la denuncia penal realizada ante la justicia el pasado 22 de junio (…) en trámite ante el juzgado de instrucción de Segunda Nominación del Distrito Judicial Sur”.
Por otro lado, también para el Fiscal de Estado “la presentación del mentado certificado, no ha sido la única acción realizada por la denunciada con el objeto que se le devengue –o continúe devengando– el adicional título secundario”, ya que “del análisis del legajo personal de la nombrada se desprende que con sus continuas y sucesivas conductas la Sra. Calchaquí, desplegó en todos los casos cierta actividad dolosa, ostentando una calidad inexistente, error que profundizó y mantuvo”, percibiendo un adicional “en virtud de un error de la administración central”.
Al respecto el Fiscal indica que observando la documentación, que con “carácter de Declaración Jurada” Calchaquí entrego a gobierno, respecto a la acreditación de Título Secundario Completo, sólo aclara que “actualmente curso 5to año licenciatura en Ciencias Políticas”, a pesar de la leyenda impresa en el formulario que refiere “Observaciones: EN EL CASO DE NO CORRESPONDER ALGÚN DATO PRE–IMPRESO, DEBERÁ SER CORREGIDO EN EL RENGLON INFERIOR”.
En tanto que en la “Ficha Postulante” se encuentran brindados como datos personales estudios cursados: “Bachiller Ciclo Básico; Secundario Perito Mercantil”, y la rúbrica al pie, que presumiblemente pertenece a la Sra. Calchaquí.
“La denunciada actuó con la consciente intención de confundir a la administración, para continuar con el fraude por ella promovido, sin que sea descubierta su carencia de estudios secundarios, con el objeto de percibir mayores haberes, configurándose el delito de fraude en perjuicio de la administración pública”, asegura el Jefe del Organismo público. Percibiendo que Calchaquí sostuvo “su ardid mediante el despliegue de medios engañosos, para favorecerse con la percepción del adicional por título”.
Por último, Martínez de Sucre es de la opinión “que están dados los presupuestos para considerar que ha existido –además de la presunta falsificación y/o adulteración de documento público–, fraude en perjuicio de la administración pública provincial (…), sin perjuicio del encuadro que la justicia determine”, ya que de la información colectada se puede verificar que Calchaquí ha percibido “ilegítimamente e ininterrumpidamente durante más de diecisiete años en la administración central, sumas de dinero en concepto de adicional título secundario, ocasionando al erario provincial un evidente perjuicio fiscal”.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo