(Buenos Aires, setiembre 15 de 2011/Télam) – Dos proyecto de ley sobre aborto -el de interrupción voluntaria del embarazo, que lleva la firma de 50 diputados, y otro para reformar el artículo 86 del código penal, que mantiene la penalización- serán debatidos el próximo 27 en la Comisión de Legislación Penal, informó este jueves su presidente, el diputado cordobés Juan Carlos Vega.
«Será una reunión para poner en consideración dos proyectos, el de Horacio Alcuaz», que expresa el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y otro, «mío y de Oscar Abrieu, que reforma el artículo 86 del código penal, manteniendo la sanción penal», dijo Vega a Télam.
El proyecto Vega-Abrieu «mantiene la sanción penal y le da operatividad a las excepciones en los casos en que el embarazo esté generado en un hecho violatorio y en que pone en peligro la salud de la madre, con 12 semanas como límite», contó el diputado.
«La convocatoria del presidente de Legislación Penal es poco clara, en un momento preelectoral complicado para este debate, y habiendo presentado un proyecto de ley que está por detrás de lo que ya existe», dijo a Télam Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Alanis integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que impulsa un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al que adhieren 50 diputados.
Entre los adherentes se cuentan diputados del oficialista Frente para la Victoria -Adriana Puiggrós, Diana Conti, Héctor Recalde, Adela Segarra-; de la UCR -María Luisa Storani, Néstor Castañón-; de Libres del Sur -Cecilia Merchan, Victoria Donda-; de Proyecto Sur -Claudio Lozano-: de Nuevo Encuentro Progresista -Martín Sabatella- y del Partido Socialista -Lisandro Viale-.
Alanis consideró que la convocatoria del presidente de Legislación Penal «más que favorecer el debate, es una estrategia para obturarlo, en medio de un momento electoral».
«Creemos que se llama a un debate para que no haya debate, con una estrategia desleal de sintonía opuesta a las dos audiencias públicas a las que vinieron Marianne Mollman, de la asociación humanitaria Human Rights Watch, y Luz Patricia Mejía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», que promovieron avanzar en la legalización, sostuvo.
Alanis observó que «circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles, pueden darse luego del plazo de 12 semanas», por lo que, «con las modificaciones propuestas, se volverían punibles».
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una «Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles» elaborada por el Ministerio de Salud.