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Longhi y Montero a favor de la prohibición de las publicidades que ofrecen sexo

“Tuvo que ser la Presidenta la promotora efectiva de la defensa de los derechos de las mujeres, al prohibir la publicación de avisos que oferten servicios sexuales”, dijo la concejal Marisa Montero, refiriéndose a la reciente sanción de esta norma

(Río Grande, 05 de julio de 2011) – “Tuvo que ser la Presidenta la promotora efectiva de la defensa de los derechos de las mujeres, al prohibir por Decreto la publicación de avisos que oferten servicios sexuales”, fueron las palabras de la Concejal Marisa Montero del Bloque Social Patagónico, refiriéndose a la reciente sanción de esta norma bajo Nº de Decreto 936/11.
El Decreto aludido prohíbe, en su Artículo 1º, la publicación de “avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres. Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente.”

Cabe destacar que la norma de la que hablamos surge en el marco de la sanción de las Leyes Nº 26.364/10, de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas y Nº 26.485/10, de Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y Nº 26.522, Servicios de comunicación audiovisual, “como contribución explícita a las prácticas que debemos encarar en tanto servidores públicos desde todo ámbito” indicaron los Concejales del PSP.

Asimismo los concejales del PSP destacaron que desde el Concejo Deliberante del que forman parte intentaron, hasta ahora sin lograr los consensos necesarios, sancionar una norma que PROHIBA toda publicación de avisos clasificados que oferten servicios sexuales en Río Grande, impulsando desde la Municipalidad una campaña de concientización que evidencie las consecuencias de la trata de personas, y multando con sumas que van desde las 500 (quinientos) a las 3000 (tres mil) unidades punitorias a quienes incumplan con esta prohibición.

Este proyecto se encuentra en la Comisión Nº 5 (Legislación e Interpretación) del Concejo Deliberante, bajo Nº de Asunto 857, de fecha 1º de Noviembre de 2010. “De más está decir que con el nuevo Decreto Nacional esperamos lograr los acuerdos necesarios en el Concejo a fin de lograr la efectiva sanción de esta norma que intentamos llevar a cabo hace casi un año”, indicó la Concejal Marisa Montero, considerando que “la resistencia a poner en práctica este proyecto tiene que ver con que los intentos de abordaje de este tipo de publicaciones reciben, generalmente, el enfático rechazo de los grupos mediáticos, que esgrimen la libertad de expresión como defensa frente a cualquier atisbo o pretensión regulatoria”.
En este sentido, indicó la edil que “ningún derecho consagrado en nuestra Carta Magna resulta absoluto, sino que se encuentra sometido un sentido de razonabilidad”, insistiendo en el hecho de que “si bien debemos enarbolar la bandera de la libertad de expresión como piedra angular de nuestro sistema democrático, no por eso debemos omitir nuestro deber como ciudadanos y funcionarios públicos a la hora de evaluar los contenidos e ideas de publicación”, entendiendo siempre que “la libertad de las mujeres, quienes se ven visiblemente expuestas como objeto de consumo por este tipo de ofertas, debe prevalecer ante los intereses de los grupos mediáticos que, escudados en el lema de la libre expresión, muchas veces son funcionales con sus contenidos publicitarios al mantenimiento de situaciones de violencia hacia mujeres y/o niños en situación de explotación sexual”. También indicó que “con este tipo de avisos y publicaciones se pone siempre el acento sobre la mujer, culpabilizándola y estigmatizándola, dando por sentado que esta opción de trabajo es libremente decidida, como si las circunstancias adversas que se dan en la mayoría de estos casos no determinaran sustancialmente las opciones a tener en cuenta a la hora de elegir cómo llevar el sustento para sí mismas y para sus hijos. No sucede lo mismo con quienes consumen estas ofertas sexuales, legitimando de este modo un sistema profundamente machista y desigual para con los derechos de las mujeres”, concluyó.