
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó, por 272 votos favorables, 76 contrarios y 3 abstenciones, el texto principal del proyecto de ley presentado por el relator, diputado federal José Guimarães (Partido da República-CE), a la Medida Provisoria (Decreto de Necesidad y Urgencia) 527, que crea la Secretaría de Aviación Civil con la enmienda que flexibiliza las licitaciones para las obras de la Copa del Mundo 2014 y para los Juegos Olímpicos 2016, creando el Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas, (RDC).
El objetivo consiste en un régimen de contratación de obra pública muy flexible, se diría que excepcional, para así cumplir los plazos muy breves que tiene Brasil para satisfacer la demanda de infraestructuras necesarias para los megaeventos deportivos que tiene por delante, en 2014 y 2016.
Pero también hay un enorme peligro de despilfarro, de falta de control y de corrupción.
La votación fue posible solo después del acuerdo entre los líderes gubernamentales y opositores para aprobar el mismo día el texto básico y posponer para el 28/06 la votación de las 7 modificaciones que la oposición presentó el texto aprobado en el recinto.
Las nuevas reglas para las contrataciones de empresas para las obras destinadas a la realización de 2 eventos deportivos en Brasil es una flexibilización de la Ley de la Licitaciones (Ley Nº8.666/93).
Por ejemplo, las nuevas reglas establecen la utilización de medios electrónicos de contratación: el ‘pregón electrónico’, que no está permitido en la Ley de las Licitaciones, que será adoptado en el RCD para permitir que cualquier interesado participe de las contrataciones.
El texto del relator, aprobado por los diputados, también establece el criterio de contratación integrada, que obliga a la empresa a entregar las obras completas en condiciones plenas de funcionamiento, evitando sucesivos términos adicionales.
También la inversión de fases, que apunta a calificar las ofertas de las empresas aún siendo sus ofertas sean posteriores a los cronogramas.
El RDC también introduce la posibilidad de remuneración variable para la contratación de servicios -por ejemplo, la posibilidad de recibir un bonus como incentivo para que la empresa contratada entregue servicios de calidad superior-.
Otro punto importante en el nuevo regimen de contrataciones es la normalización de borradores de contratos que permitirá que sea utilizado un borrador-norma para los contratos, acelerando el proceso que actualmente es lento.
El RDC también prevé el criterio de eficiencia por el cual el contratado pueda obtener una remuneración adicional en el caso de ofrecer una ejecución menor del gasto corriente.
El decreto de necesidad y urgencia tiene un plazo tope de validez: el 15/07.
Por eso la prisa en votar el nuevo régimen: faltan 43 meses par la Copa del Mundo en Brasil, y luego los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
La presidente Dilma Rousseff defendió el texto aprobado por Diputados y dijo que el objetivo es «reducir los precios de las obras «.
El Ejecutivo brasileño ha sido criticado a causa de los términos del RDC para disponer de partidas presupuestarias y porque la información acerca de un proyecto en particular sólo se informará al público después del cierre de la licitación.
Durante el proceso, apenas los organismos de control tendrán acceso a la cantidad máxima que el Ejecutivo puede pagar el contrato.
Dilma dijo en una entrevista que concedió en Ribeirão Preto (Sao Paulo), que hubo una mala interpretación del secreto informativo que establece el RDC y que su objetivo es reducir los costos al Estado.
«Quiero evitar la práctica de subir los precios y la formación de cárteles entre oferentes. Ahora nadie accederá a la oferta del competidor», se defendió Dilma.
Segun ella, ahora los oferentes no conocen cuánto está dispuesto a gastar el Estado como paso previo a realizar su oferta.
«Lamento el malentendido que ha ocurrido en este punto», sostuvo Dilma.
El ministro de Deportes, Orlando Silva, prometió una rueda de prensa para explicar la iniciativa. Ahora ¿por qué no lo hizo antes? Un problema de comunicación grave en la Administración Dilma.
Dilma dijo que lo que ella pretende se ajusta a las prácticas aconsejadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la Unión Europea.
«Si alguien debe ofertar e ignora cuál es el presupuesto previsto por el Estado, ¿no hay una posibilidad de que el costo sea menor?», explicó Dilma.
Orlando Silva también habló de otro ítem del RDC que ha provocado comentarios: las prerrogativas concedidas a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y al Comité Olímpico Internacional (COI) de exigir adecuaciones y cambios en las obras en ejecución, algo que podría provocar encarecimiento presupuestario.
Él dijo que la FIFA y el COI son organismos que velan por las especificaciones técnicas y que por eso es necesario en alguna instalación.
La polémica
En oficio enviado al Tribunal de Cuentas de la Unión (así se llama en Brasil al Ejecutivo federal), el Ministerio de Deportes ya avisó que la rendición de cuentas de los nuevos contratos de valor estimado en R$ 10.000 millones (US$ 6.264.682.850) dependerá de la “conveniencia del Poder Ejecutivo”.
El diario Folha de S. Paulo afirmó que el gobierno federal pretende mantener en secreto los presupuestos de los organismos de la Unión, de los Estados y municipios para las obras de la Copa del Mundo 2014 y de la Olimpiada de Río en 2016.
Y que esa cuestión fue incluida a última hora en el texto de la medida provisoria (decreto de necesidad y urgencia) 527, que crea el RDC (Regimen Diferenciado de Contrataciones), específico para los eventos.
Ahora, según Folha, no será posible afirmar, por ejemplo, si la Copa 2014 excedió o no el presupuesto original.
Entonces, el procurador general de la República, Roberto Gurgel, dijo que el cambio en el proyecto que creó el RDC para obras de la Copa y de las Olimpiadas es absurdo:
“Si fuera verdad [el cambio], es poco decir que sería una cosa absurda, escandalosamente absurda. No se puede tener gastos públicos protegidos por el silencio”.
El procurador Gurgel afirmó que los interesados en la aprobación del proyecto están buscando procedimientos para modificar las exigencias legales, en un momento en que las obras están muy atrasadas.
Gurgel defendió que el argumento de que el evento es grandioso y que por eso merece flexibilizaciones es inválido. “En realidad yo pienso que un evento grande impone cuidados dobles. Por ser un mega-evento, los gastos son mega-gastos y por eso mismo se impone que los cuidados con esos gastos sean aún mayores”.
El texto base aprobado el 15/06 aún puede ser modificado. Lo relevante será votado recién el 28/06.
Para Gurgel, es una oportunidad para que el Congreso en conformidad a los estándares brasileños. El procurador cree que los cambios fueron tantos que terminaron invalidando el procedimiento licitatorio, que es una exigencia legal.
La Cámara de Diputados consiguió “tomar una cosa mala y dejarla peor aún”, al aprobar el Regimen Diferenciado de Contrataciones Públicas (RDC), segun el presidente del Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (Confea), Marcos Túlio Melo.
De acuerdo a él, si bien el texto puede darle mayor velocidad a la ejecución de las obras,
“aumenta el riesgo de corrupción y la baja calidad de las obras licitadas”.
La entidad profesional está preparando un análisis del texto aprobado por la Cámara de Diputados, pero anticipó a la Agência Brasil algunas conclusiones que serán señaladas por el documento.
“Los problemas que surgirán [de la aprobación] de ese texto [por el Congreso Nacional] serán peores y más graves de que lo que fue previsto en la Medida Provisoria original [la MP 521]. Los diputados consiguieron tomar una cosa mal y dejarla peor aún, tal vez en razón de la prisa en aprobar el proyecto. Eso causó muchos malentendidos. Hay hasta errores de conceptualización técnica que ciertamente van a generar contradicciones”, dijo el presidente de Confea.
“El texto permite una estimación [del proyecto de la obra a ser construida o reformada], y en seguida obliga a la presentación de un presupuesto detallado del costo total de las obras. Eso es imposible en regímenes como el de contratación integrada. Solo se tendrá presupuesto después de desenvolver todos los proyectos, definiendo materiales, especificaciones y cuantitativos. Esto es así hasta porque materiales diferentes implican formas diferentes de hacer la obra”, detalló Melo.
El presidente de Confea dijo que, de aprobarse por el Senado, la medida posibilitará contrataciones de proyectos antes de tenerse conocimiento de lo que se pretende construir, “Imagine solamente esta situación: el gobierno o un órganismo público hacen contrataciones sin proyectos y sin saber exactamente lo que se pretende construir. Es simplemente imposible o, hasta en lo mínimo inapropiado, definir el precio de algo que no se sabe lo que es. Para mi, eso no es más que una locura, una desorganización extrema”.
Melo agrega que, con los dispositivos de la propuesta, será posible permitir la modificación del precio contratado originalmente, “aumentándolo por necesidad de modificación de proyecto o de especificaciones”. Para peor, agrega, no habrá cómo fiscalizar minimamente la obra. “¿Cómo se fiscalizará la obra? No se sabe cual es el objeto contratado; la empresa podrá modificar el proyecto como se le plazca… Lo que fue propuesto es, de hecho, muy preocupante”
La situación puede ser peor aún en el caso de que aspectos relevantes sean aprobados, “Quieren extender la cobertura del regimen diferenciado para un radio de 350 kilómetros de las 12 ciudades sede. Eso permitirá que se incluya algunas capitales que no serán sede de los juegos, para obras aeroportuarias, de movilidad urbana y de saneamiento”, afirmó.
Para el ingeniero, el gobierno coloca todas las responsabilidades en la Ley de Licitaciones, “pero en realidad el problema es del gobierno, en todos los niveles, porque no tiene ni estructura de planificación ni estructura técnica de ingenierías”, dijo.
A fin de evitar el avance de la MP en el Senado, Confea pretende discutir con los diputados los aspectos destacados que serán votados, y sugerir a los senadores algunas modificaciones a la propuesta recién llegada a la casa. “Vamos también a movilizar entidades profesionales y empresariales”, resaltó el presidente de Confea.