El Senado uruguayo invalidó hoy la Ley de Caducidad, que perdonó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1985), y abrió así las puertas sin excepción a los juicios contra militares y policías responsables de crímenes.
Con 16 votos a favor, todos del izquierdista Frente Amplio (FA), y 15 en contra, uno de ellos del oficialismo, los senadores aprobaron el controvertido proyecto de ley, tras más de doce horas de acalorado debate.
Al promediar la sesión, Fernández Huidobro, senador de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, ratificó su voto a favor del proyecto oficialista, pero anunció la renuncia a su banca por estar en desacuerdo con la iniciativa.
«Vamos a votar por disciplina partidaria y (después) vamos a renunciar al Senado», dijo Huidobro, que agregó que su dimisión es «para garantizar su derecho y su libertad».
«Se trata de acatar el mandato popular o llamarlo nuevamente en consulta. Nuestra corriente política votó en minoría contra el pacto del Club Naval (que dió origen a la Ley de Caducidad) y en ese entonces acatamos a la mayoría», agregó el legislador.
El senador hacía referencia de esta manera a que la Ley de Caducidad, aprobada en los albores de la vuelta de la democracia, fue ratificada en dos plebiscitos.
«La legitimidad depende de lo que digan las mayorías. Este pueblo puede necesitar vitalmente el mismo instrumento que hoy estamos desacreditando. Mañana mismo», apuntó el legislador, que agregó que «luego de tres históricas victorias electorales, la de 1989, 2004 y 2009, para cuyas conquistas nos basamos en el veredicto popular, este viraje es un grandísimo error».
El también oficialista Jorge Saravia, del Frente Amplio, en cambio ratificó su voto en contra de la iniciativa, con lo que fue el único que desobedeció la disciplina partidaria.
El debate estuvo centrado sobre si el proyecto avasalla la voluntad de los ciudadanos, que dos veces decidieron en plebiscitos mantener la ley, aprobada por el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti en 1986.
El actual gobierno del presidente José Mujica sostiene que las normas internacionales y los tratados sobre derechos humanos firmados por Uruguay están por encima de las leyes nacionales y es necesario respetarlos.
La ley interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, dispone eliminar los polémicos artículos 1, 3 y 4 que declinaban sancionar a los responsables de crímenes, torturas, asesinatos y desapariciones de opositores en aquellos años de dictadura.
Entre los detractores al proyecto, el senador del Partido Nacional Luis Lacalle sostuvo que la norma interpretativa del Frente Amplio «viola la Constitución», y además «hará que los militares y policías presos recuperen su libertad».
El segundo legislador en hacer uso de la palabra, el opositor Francisco Gallinal, consideró que el proyecto «es una bofetada a lo que la gente votó».
«Yo nunca vi que interpretar una ley significa decir que la ley no existe», opinó el legislador nacionalista, que aludió al video en el que supuestos militares amenazaron en forma anónima a jueces y fiscales que llevan adelante causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura militar.
Uno de los defensores de la nueva norma, el senador Rafael Michelini, calificó como «un día histórico» la jornada de debate en el Senado, ya que «hay que eliminar esa ley definitivamente del ordenamiento jurídico uruguayo».
El senador comunista Óscar López Goldaracena sostuvo que el proyecto «no es de nulidad de la ley, es de interpretación de la Constitución» y afirmó que «se trata de un imperativo jurídico que debe estar por encima de las coyunturas políticas», además de remarcar que la Ley de Caducidad «viola la Constitución».
De aprobarse, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, donde ya había sido aprobado, porque el Senado le introdujo modificaciones.
La sesión legislativa coincide con la aparición de una carta en la que centros de militares uruguayos reiteraron sus críticas al Poder Judicial, por entender que los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura no les ofrecen garantías.
«Aspiramos a contar con un Poder Judicial que recoja una tradición de respeto por los derechos humanos de todos», afirmaron oficiales asociados al Centro Militar, el Círculo Militar, el Club Naval, el Club de la Fuerza Aérea, el Centro de Suboficiales Retirados y las cooperativas de consumo de las Fuerzas Armadas, en una carta a la Suprema Corte de Justicia.
Aún con la vigencia de la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 con los votos de los legisladores Blancos y Colorados -hoy oposición en Uruguay- algunas causas contra represores y torturadores de la dictadura pudieron llevarse a cabo y una decena de jefes militares ya fueron condenados.
La eliminación o derogación de la amnistía fue dos veces rechazada en consulta popular por la mayoría de los uruguayos (la última en 2009, en paralelo a las elecciones presidenciales que ganó José Mujica), hecho que había llevado a tres senadores frenteamplistas a negarse a votar el proyecto de hoy.
Sin embargo, Fernández Huidobro y su colega de bancada Rodolfo Nin Novoa accedieron, luego de lograr algunas modificaciones, a aprobarlo por disciplina partidaria.