(Río Grande, 07 de abril de 2011) – El secretario de Ingresos Públicos Christian Durrieu aclaró que no se enviaron “intimaciones” de pago, porque eso “implica mandar una carta reclamando una cifra líquida sin mayores fundamentos”.
El estado actual de situación es “la etapa en la cual se van a firmar los actos administrativos de determinación de las deudas, que es el paso previo para judicializarlas. Después de eso habrá un recurso rápido y si no, irán a parar a la justicia”.
Precisó que “ya hay seis casos que han sido elevados por mí a la secretaría legal y técnica para el estudio previo a la firma de la señora gobernadora”.
El acto administrativo por el cual se dispone el cobro serán decretos. “En los fundamentos diría que la empresa se encuentra en tal circunstancia, que efectuado la vista del descargo dice tal cosa, se contestan esos argumentos, se plantean los del fisco y al final habría un resuelve, que sería la forma de un decreto”, detalló.
En la resolución figurará la exigencia de pago de deudas en concepto de regalías, y se le hará saber a la empresa “que le cabe un recurso en tales circunstancias, que puede ofrecer la prueba necesaria y por supuesto hacerles saber que en caso de que no conteste directamente se remiten las actuaciones a la Fiscalía de Estado para la ejecución por vía judicial”, expresó Durrieu.
Consultado sobre los montos a reclamar, dijo que no se pueden dar precisiones hasta que la gobernadora firme, ya que recién allí se va a saber qué es lo que pide el poder Ejecutivo. “Mientras tanto son actos preparatorios”, indicó, aunque concedió que “de cualquier forma sabemos todos por dónde andan las cifras, ha habido muchas consultas de distintos organismos. Yo noto que en la sociedad hay un interés importante por ver cómo está funcionando esto y modestamente desde mi lugar quiero llevar tranquilidad porque las instrucciones de la gobernadora se van a cumplir acabadamente”, insistió.
Con respecto a la reunión de funcionarios de Hidrocarburos con los medios, donde se habló de “deuda presunta”, como si estuviera en duda, Durrieu manifestó que se trata de un término técnico porque “nada es seguro en la Argentina hasta que uno tiene un fallo definitivo de la Corte, todo antes es discutible. Mientras quede un recurso pendiente uno dice ‘presunta’, pero eso no quita de que hay presunciones muy fuertes de que esas deudas existen. Otras provincias están en el mismo reclamo, lo cual avala la postura de reclamarlas. Se han hecho consultas a distintos organismos y especialistas que coinciden en esto. Más allá de que no puedo decir que hay una ‘deuda firme’, como dicen los abogados, el hecho es que las presunciones son muy fuertes”, subrayó.
Concluyó señalando que “el estado no puede garantizar el éxito de un conflicto pero sí hay que hacer el esfuerzo para hacer el mejor reclamo. Esa es la defensa de los intereses provinciales, que garantizo que se está haciendo”.