El juez civil Gastón Matías Polo Olivera le exigió hoy a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que, en el término de tres días, le brinde respuestas concretas sobre el último bloqueo en la planta impresora del diario Clarín, como así también la identificación de los responsables y las medidas adoptadas para que se eviten protestas similares en el futuro.
Tras lo exigido por el juez, Garré aseguró que «cumplió las directivas» que recibió de la Justicia sobre el bloqueo, destacó que se trata de «un conflicto gremial» y rechazó que esehecho haya configurado un ataque a la libertad de prensa.
En el oficio librado hoy, el juez civil le reclamó a la ministra explicaciones sobre el motivo por el que no había cumplido con resoluciones anteriores para garantizar la distribución de los diarios y -de haberlo hecho- por qué entonces resultaron «ineficaces, a luz del apuntado suceso».
Pero, además, el magistrado apuntó a saber si en el nuevo bloqueo, la Policía procedió a identificar a las agrupaciones y personas físicas que interrumpieron la distribución de los diarios Clarín, Olé y La Nación y le reclamó saber qué medidas «adicionales» dispuso Garré, «a fin de evitar en el futuro la reiteración de estos hechos».
«Peligro». «La diligencia deberá ser contestada en el plazo de tres días a tenor de la gravedad de los hechos acontecidos y el claro peligro de que vuelvan a ocurrir en lo inmediato», advirtió la resolución.
En noviembre y en enero pasado, el juez Polo Olivera ya había hecho lugar a diferentes presentaciones judiciales del diario Clarín por las manifestaciones que se venían registrando en los accesos de diferentes plantas impresoras y que dificultaron la normal salida del matutino y sus suplementos.
En aquella resolución -que primero apuntó a la sede de AGR de Pompeya y luego se hizo extensiva a la de Zepita al 3300-, el juez instó a impedir los bloqueos y dispuso notificar a Garré en «forma personal» para que tome las medidas que permitan cumplir ese fallo.
Según el juez, el derecho de manifestarse no podía poner en riesgo otros derechos, como el de ejercer industria lícita y, particularmente, el derecho a la libre expresión, que «tiene particular relieve» en el caso.
Frente a lo ocurrido en las ultimas horas, el juez dictó hoy una nuevo oficio que envió al a ministra Garré en donde reclamó explicaciones ante «el incumplimiento» de aquellas órdenes judiciales.
En ese sentido, los abogados del grupo Clarín presentaron hoy un escrito en el que pidieron realizar una serie de medidas para saber por qué no se cumplieron con aquellas disposiciones.
Videos. Mientras tanto, en la órbita de la Justicia porteña, la fiscal penal contravencional y de faltas de la Unidad Sudeste, Marcela Solano, le pidió hoy a los canales de televisión las imágenes que grabaron del bloqueo a la planta impresora de los diarios Clarín, Olé y La Nación.
Fuentes judiciales informaron que la fiscal libró oficio a los canales para obtener las imágenes y proceder a la identificación del resto de las personas en la noche del sábado y la madrugada del domingo bloquearon la plata de la calle Zepita.
Según se confirmó, por ahora la única persona identifica por la Policía Federal fue el delegado de Artes Gráficas Editorial Rioplatense (Ager) Luis Siri, pese a que el grupo de «piqueteros» se componía de mas de 40 individuos, varios de ellos con criaturas.
La Policía también envió imágenes del bloqueo pero fuentes judiciales señalaron que -de ellas no se pudo identificar a ninguna persona porque -señalaron- «son muy malas».
En el expediente también se cuenta con la declaración del subinspector de la Comisaría 30 Sergio Domínguez, el primer policía que en la noche del sábado estaba a cargo del móvil 130 que llegó al lugar y reportó lo que sucedía.
La causa abierta por la fiscal fue caratulada como «Siri, Luis S/ infrac. (S) 78, obstrucción de la vía pública-CC», y castiga con hasta mil pesos de multa a quien «impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos».
Además de la Justicia civil y la justicia porteña, los tribunales federales también podrían abrir investigaciones penales por este episodio contra la presidenta Cristina Fernández; la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el jefe de la CGT, Hugo Moyano.
Al menos, dos abogados -el ex candidato a presidente Juan Mussa y el penalista Ricardo Monner Sans- radicaron sendas denuncias para investigar la eventual responsabilidad penal de la presidenta, la ministra y el camionero en las implicancias del bloqueo (ver Bloqueo a Clarín: ya hay dos denuncias contra Cristina,