La crisis diplomática, aún abierta, entre la Argentina y Estados Unidos por la carga de un avión militar que llegó al país con armas y explosivos para una instrucción a la Policía Federal se transformó ayer, por decisión judicial, en una simple infracción aduanera. Y, por lo tanto, en un revés para el gobierno nacional, que había acusado a la misión norteamericana de violar las leyes argentinas.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky decidió archivar el caso por inexistencia de delito, en razón de que todos los testigos que declararon en el expediente afirmaron que nunca hubo intención de ocultar los elementos no declarados ni de engañar a los inspectores que los revisaron.
La Aduana, no obstante, adelantó que seguirá investigando para saber si una de las carabinas ingresadas en el país con número de serie no declarado y cinco cañones de ametralladora tenían como destino «el mercado negro», según dijo el organismo en un comunicado. También indicó que investigará «el uso potencial en la Argentina» de equipos de comunicaciones decomisados, porque no estaban entre los declarados, y de medicamentos vencidos que venían en el avión.
El juez administrativo de la Aduana Marcelo Mignone analizará si hubo violación de las normas y la eventual sanción. Las opciones son la confiscación de la mercadería (decomiso, en términos técnicos, que abarca la posibilidad de que sea subastada públicamente, donada o destruida) y la imposición de una multa.
Por lo pronto, fuentes de ese organismo adelantaron a La Nacion que lo más probable en el caso de los remedios es que sean destruidos, porque hay una norma que impide que se exporten medicamentos si están vencidos. Las fuentes no arriesgaron sobre qué ocurrirá con los equipos de comunicaciones, la carabina y los cañones, cuya entrada al país no figuraba en el manifiesto de carga previo a la llegada del armamento.
No obstante esta información oficial y formal de la Aduana, en la Casa de Gobierno se daba por descontado que una decisión sobre la mercadería iba a ser política y tomada desde el más alto nivel, y que el material a la larga se iba a regresar a los Estados Unidos, en un gesto de bajo perfil, para no profundizar la pelea bilateral.
Por otra parte, voceros de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires expresaron ayer a La Nacion que como el conflicto ahora salió de la órbita judicial y quedó en manos del Gobierno, hasta que la Casa Rosada no tome una determinación sobre lo que hará con el material incautado no habrá una respuesta de la administración Obama. No obstante, la embajada norteamericana reiteró su reclamo para que ese material fuera devuelto a las autoridades de Washington y finalizara el conflicto.
La llegada del avión militar C 17 al país el 10 de febrero motivó que el canciller Héctor Timerman se apersonara en el aeropuerto de Ezeiza para abrir las valijas y mochilas de los militares norteamericanos.
Timerman llegó a decir en esos días que Estados Unidos no cumplía con las leyes argentinas, acusó al gobierno norteamericano de no colaborar y exigió un pedido formal de disculpas. Dijo que un tercio de la carga no estaba declarado y que había varios GPS de una «sofisticación reveladora» de su potencia. «Dos soldados de los Estados Unidos se sentaron sobre una valija durante seis horas, y cuando se pudo abrir, adentro se encontraron morfina, códigos secretos y manual de instrucción de equipamiento para interferir comunicaciones», dijo el canciller argentino.
No obstante, el juez Marcelo Aguinsky, que intervino en la causa abierta por la llegada al país del avión, entendió todo lo contrario. Tras interrogar a decenas de funcionarios de la Aduana, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Registro Nacional de Armas que intervinieron en la revisación de la aeronave, concluyó que nunca hubo intención de ocultar el contenido de la carga.
Esta apreciación del juez, que señaló que en ningún momento hubo ardid o engaño por parte de los militares norteamericanos, es clave, porque es lo que podría haber convertido la llegada de las armas y el equipamiento no declarado en un contrabando.
«No se ha comprobado la realización de un actuar destinado a inducir a error a los funcionarios aduaneros», escribió el juez, y por eso entendió que «no corresponde que se prosiga con la instrucción de las presentes actuaciones».
La aeronave llegó al país como parte de un acuerdo con el gobierno argentino para realizar la segunda fase de un programa de capacitación del grupo de elite de la Policía Federal que interviene en casos de tomas de rehenes.
La fase uno se había realizado en 2010, «a requerimiento del Ministerio de Justicia», según la causa judicial, y la fase dos fue aprobada por el ministro de Justicia, Julio Alak, en abril y noviembre de 2010. El arribo del avión se conoció en momentos en que Timernan criticaba a Mauricio Macri porque hombres de su Policía Metropolitana recibieron cursos financiados por Estados Unidos.