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Gobierno desalojará a los okupas “VIP” de la Ruta J

El Gobierno de Tierra del Fuego concluyó con la etapa de intimación a cada uno de los casi sesenta ocupantes ilegales de predios ubicados en ambas márgenes de la ruta provincial J, gestión previa al proceso judicial de desalojo.


(Río Grande, 29 de septiembre de 2010)- El Gobierno de Tierra del Fuego concluyó hoy con la etapa de intimación a cada uno de los casi sesenta ocupantes ilegales de predios ubicados en ambas márgenes de la ruta provincial J, gestión previa al proceso judicial de desalojo.


La acción realizada por la Secretaría de Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal, a cargo del Dr. Cristian Durrieu garantiza el dominio de la propiedad de la tierra en favor del Estado provincial y dará intervención a la Fiscalía de Estado para que sustancie las demandas de desalojo ante la Justicia civil.


El Gobierno realizó inspecciones en los predios ocupados, abrió un expediente para cada caso al que añadió fotos de las mejoras efectuadas por los ocupantes, dejó constancia del impacto ambiental causado, agregó actas de constatación de los inspectores de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, y adjuntaron el acta de intimación para desalojar el predio, que en algunos casos ocupan varias hectáreas.


La intimación a los ocupantes se ajusta a lo establecido en el decreto 551, y en las leyes provinciales 313, 341 y sus decretos reglamentarios. Esta última norma establece en el artículo 28 que “el Estado Provincial podrá recuperar las tierras fiscales en el caso de hallarse éstas ocupadas por intrusos, ocupantes con contratos vencidos o rescindidos o adjudicatarios con resolución de desadjudicación firme. A tal fin deberá interponer demanda judicial, la que se ajustará al procedimiento establecido en los siguientes artículos”.


El artículo 29 de la misma norma dispone que “con carácter previo a la interposición de la demanda, se deberá intimar en forma fehaciente a los ocupantes para que restituyan el inmueble, libre de toda ocupación y bienes de su propiedad, otorgándoles para ello un plazo de cinco (5) días corridos, contados desde el día siguiente a la notificación. Vencido dicho plazo sin que se haya cumplimentado la desocupación, quedará habilitada la vía judicial sin necesidad de ningún otro trámite previo”.

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