El propio secretario de Gobierno de Jorge Martín confirmó las sospechas de una salida irregular del país al relatar (según cita el portal sur54.com) que la camioneta en que se conducía el Intendente en compañía de su secretario de Obras Públicas Julio Bogado “cuando estaba saliendo de (Puerto) Natales, camino al cruce de la barcaza, se fue afuera del camino”.
En su intento fracasado de explicar la situación Pablo Blanco habría hecho referencia al Decreto del 30 de abril publicado en el Boletín Oficial y en el cual se habría advertido del traslado del Intendente a El Calafate y Río Gallegos. En realidad dicho decreto (Nro. 0221/2010) comunica “el traslado del Sr. Intendente… Jorge Luis Martín hacia las ciudades de Río Gallegos y Puerto San Julián, a partir del día 03/05/2010 a la hora 09.00 con motivo de… reunirse con los Intendentes de dichas localidades”.
Contrariamente a lo anunciado oficialmente en el decreto de marras, Martín nunca habría llegado a San Julián y en cambio tomó rumbo a El Calafate donde se detuvo hasta el día miércoles 5 hasta el mediodía, para luego desviarse aún más del itinerario informado, saliendo del país hacia Puerto Natales por el paso internacional de Dorotea, cercano a Río Turbio, muy lejos del camino que debió tomar para retornar a Río Grande.
Los registros obrantes en poder del control aduanero chileno revelan que Martín traspuso el paso internacional Dorotea el 5 de mayo conduciendo el vehículo todoterreno Nissan XTRAIL patente FMZ821, el mismo con el que se accidentó un día después en un punto no precisado aunque aparentemente cercano a Puerto Natales
Por otra parte, se confirmó que la camioneta oficial que utilizaba el intendente para desplazarse no tiene los logos identificatorios a que obliga la Carta Orgánica Municipal. Esta irregularidad ya había sido denunciada en el 2009, denuncia a la que, desde el Ejecutivo (con firma de Martín y Blanco) se rechazó de plano, afirmando que “se cumple acabadamente” con la normativa cuestionada.
En definitiva, la utilización de un vehículo de la flota municipal para un viaje no oficial a Natales y la consecuente malversación de los viáticos reclamados constituirían delitos punibles penalmente, que están siendo investigados desde diversos ámbitos, entre ellos el Concejo Deliberante de Río Grande.