(Río Grande, marzo 21 de 2010) – Desde el año 2008 los empleados municipales vienen reclamando por el insólito aumento de dietas que dispusieron para sí mismos los funcionarios municipales, disparando sus haberes mensuales hasta ponerlos a una distancia sideral de lo que perciben como sueldo mensual los trabajadores de las categorías más bajas.
Fue un 40% otorgado sólo a los funcionarios que (por supuesto) no tuvo vuelta atrás a pesar de las denuncias y los reclamos. Desde entonces, el Intendente Municipal de Río Grande pasó a cobrar una dieta muy superior a la que perciben legisladores, intendentes de otras comunas y se discute aún si no está por encima de lo asignado a la gobernadora, violando la Constitución Provincial.
Así estirada la pirámide salarial municipal, es claro que cada aumento porcentual exacerba más las diferencias y es por ello que el gremio municipal viene reclamando ajustes en términos de sumas fijas para todas las categorías. Con ello se achicarían las enormes diferencias entre lo que perciben los funcionarios y lo que cobran los trabajadores, algunos muy por debajo de la canasta familiar.
Haciendo oídos sordos a tal propuesta (que corregiría en algo la distorsión), el Intendente ha vuelto a recurrir a los incrementos por porcentaje, sin distinguir entre las distintas situaciones escalafonarias y agravando la distorsión, lo que lleva las dietas de los funcionarios políticos a valores ofensivos en cualquier ocasión, pero mucho más en el marco de crisis salarial que afronta la provincia.
Para dar una idea de la gravedad de la situación, baste decir que la ya jugosa dieta del Intendente se ha incrementado en la suma de seis mil pesos, si se compara el recibo de marzo con el de enero de 2010. Seis mil pesos de aumento en dos meses. Una cifra a todas luces desmedida, impúdica, que llevaría su haber mensual a algo más de 21 mil pesos, según cálculos provisorios hechos por el gremio de ASOEM.
En momentos en que desde todos los sectores de la órbita estatal se vienen pidiendo sin suerte aumentos de haberes y la Educación se encuentra paralizada por los reclamos salariales, que el Intendente se otorgue a sí mismo tamaña mejora (con la excusa de un aumento general de sueldos) resulta un privilegio repulsivo, un exceso de poder intolerable y una burla desmedida hacia toda la ciudadanía, en particular aquellos que con sus impuestos solventan estas expresiones de megalomanía, propias de un Calígula moderno.
Por supuesto que para llevar adelante sus dislates, el emperador riograndense cuenta con la amable condescendencia de dirigentes gremiales que acompañan alegremente, gozando a cambio de prebendas, privilegios, adjudicación de terrenos fiscales, puestos laborales en el Estado municipal para todo su grupo familiar y demás premios a la obsecuencia, generosamente dispuestos.
Hay, en el fondo, una razón de peso más para llevar al extremo de la desvergüenza estas mejoras salariales a los funcionarios. Pronto se acaba el período de gobierno y muchos de ellos están en condiciones de tramitar su retiro jubilatorio, por lo que el beneficio de un sueldo mensual muy elevado se transfiere al haber jubilatorio, extendiendo el privilegio a todo el resto de su vida como pasivo.
No hay reproches frente a tamaño saqueo a las arcas municipales, por el contrario, la prensa adicta presentó el último aumento como una muestra de bonhomía , casi una ofrenda a la plebe que se desloma día a día para asegurarle al emperador una vida sibarítica.
Las consecuencias del latrocinio, sin embargo, se ven día a día con la falta de servicios, la ciudad minada por el mal estado de calles, plazas y edificios y vecinos de zonas periféricas que hace años sienten que no existen para el Estado municipal.
Con el tiempo se comprobará que algunos de estos daños son irreparables para la Ciudad (o que costará décadas corregirlo) pero para entonces el emperador y su corte de festejantes vivirán su retiro felizmente, muy lejos de Río Grande.