(Río Grande, 01 de marzo de 2010) La Gobernadora ratificó que desde el Ejecutivo Provincial no se convocará a Consulta Popular para definir aspectos relacionados a la renegociación de contratos que este año se deberá encarar con las empresas petroleras que operan en Tierra del Fuego, anunciando en ese sentido que se actuará de acuerdo a la ley 17.319 que fija las atribuciones del Gobierno para la renegociación “por única vez” de dichos contratos.
“La brutalidad y la violencia puesta de manifiesto a lo largo de todo el año, me hicieron desistir de la idea de convocar a una Consulta Popular, y me hago cargo personalmente cargo de esto porque es muy difícil discutir con racionalidad cuándo a quien uno tiene en frente, lo único que plantea es el agravio, la duda y la denuncia. Hasta tuvimos allanamientos en Casa de Gobierno, suponiendo que habíamos usado recursos que nunca usamos y que no se han usado”, recordó.
Consideró que sería “muy difícil” lograr el aval político a la iniciativa “desde esa irracionalidad”, y sostuvo que “probablemente, esto tenga que ver también con errores propios, pero algo que debió ser resuelto por las vías institucionales y en reconocimiento de la autoridad no pudo ser resuelto por esa vía, y la verdad es que no tengo ningún problema en decir que esto no se va a hacer”.
“Por eso, debo decirles que el expediente de la licitación del área CA-12 ya ha pasado por el Tribunal de Cuentas y está siendo revisado para que ese pliego finalmente se haga público y sea transparente, porque no pudimos ni siquiera habilitar la auditoría de terceras organizaciones porque hasta eso fue cuestionado” criticó. “Incluso, se cuestionó la actuación de la propia Auditoría General de la Nación, que nos mereció un llamado de atención por pedirle a terceras instituciones que nos controlaran; o si habíamos pagado algo para que nos controlaran. Cuando quisimos que Poder Ciudadano interviniera en la licitación del Área CA-12 también se nos cuestionó; esto fue inusual e inédito, pero pasó en Tierra del Fuego”.
La Gobernadora justificó su decisión ante “este grado de irracionalidad” y en el “ejercicio de la autoridad que me ha dado el pueblo de Tierra del Fuego, en los próximos días de este mes habilitaremos el registro de empresas interesadas en renegociar contratos, y que digan lo que les parezca” desafió.
“El Gobierno de la Provincia, que no es irresponsable y reconoce la legitimidad política de la Legislatura, constituirá una comisión para que revise todo lo previo al llamado a licitación, y nos acompañe a revisar ese pliego porque, independientemente del rol que sin duda va a tener esta Legislatura, esa renegociación deberá pasar por ese Cuerpo y serán los que tendrán la última palabra. No hay en los poderes del Estado ninguno que pueda reemplazar a otro; lo respetamos y reconocemos los errores, pero estamos dispuestos a tomar las decisiones haciéndonos cargo de las consecuencias, como siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo”.