(Buenos Aires, enero 26 de 2010) – A través de la Cancillería, el Gobierno nacional acelera una estrategia política para impedir que el Reino Unido avance con su intención de poner en marcha operaciones de exploración petrolera en las costas de las islas Malvinas. La Cancillería tomó las riendas de la ofensiva y envió ayer a la embajada británica en Buenos Aires una nota para objetar oficialmente la protesta realizada por la nación europea por la inclusión de las islas entre los territorios que comprende la provincia de Tierra del Fuego en la Ley 26.552, sancionada por el Congreso nacional y promulgada por la presidente Cristina de Kirchner a principios de diciembre.
El rechazo epistolar de la Argentina «niega toda pretensión territorial británica sobre los archipiélagos australes y la Antártida, y reafirma los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sobre la Antártida Argentina», señalaron las autoridades de la Cancillería en un comunicado.
Si bien la norma nacional reavivó la disputa diplomática -siempre vigente y con un pasado bélico reciente- entre la Argentina y Gran Bretaña, el fervoroso propósito de los ingleses por legitimar su soberanía «en los papeles» esconde otra feroz contienda por los recursos potenciales de las tierras australes.
A poco de conocer los alcances de la reglamentación que fija los límites para la provincia fueguina, la Cancillería sajona confeccionó una «nota verbal» donde manifiesta su desacuerdo. Al respecto, el canciller Jorge Taiana sostuvo que con el dictado de la ley «la Argentina realizó un acto jurisdiccional sobre áreas de su propio territorio que se hallan bajo ilegítima ocupación británica, y naturalmente el Reino Unido protesta».
En rigor, lo que más preocupó a los ingleses es que la normativa concede a la gobernación de Tierra del Fuego -actualmente a cargo de Fabiana Ríos- la facultad de administrar las regalías de las operaciones offshore que se realicen en la jurisdicción demarcada. En efecto, la idea de pagar un porcentaje al Estado fueguino de los hidrocarburos que puedan llegar a obtener en las aguas malvinenses, después de apostar generosas sumas de dinero en áreas nunca antes exploradas, despabiló la necesidad del Reino Unido de ratificar su soberanía sobre las islas que ocupan de hecho y los espacios marítimos circundantes, así como del territorio antártico.
Mientras la batalla diplomática sigue su curso, Gran Bretaña no vacila en darle impulso a la búsqueda del oro negro del Atlántico Sur. Con el objetivo de perforar al menos 10 pozos, la empresa inglesa Desire Petroleum contrató una plataforma petrolera Ocean Guardian, que actualmente viaja en un remolcador y posiblemente arribe a principios de febrero al norte de las Malvinas.