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(Río Grande, setiembre 12 de 2009) – Al menos treinta o cuarenta días el plazo que deberá espera la ley de protección a las electrónicas nacionales, según los cálculos más optimistas que se hacen en círculos políticos del Congreso Nacional.
La controvertida norma –a la que se oponen férreamente los importadores de electrónicos y computación- volvió a Comisión en el Senado, por lo que se demorará no menos de veinte días en la Cámara alta. Luego –con cambios- volverá a Diputados donde la oposición pretende interpelar a funcionarios de la secretaría de la Producción antes de retomar la discusión “desde cero” según propone el radicalismo.
Cuando parecía que la sanción definitiva de la norma estaba a punto de concretarse, estalló el escándalo la semana pasada, luego del fracaso de la sesión en la que el oficialismo pretendía sancionar la ley. Se tendió entonces un manto de sospecha sobre la actuación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Gustavo Marconato (PJ-Santa Fe), quien impulsó en pleno recinto un cambio que, según denunció la oposición a partir de un anónimo, beneficiaba a una empresa productora de acondicionadores de aire con un negocio de US$ 30 millones.
El “retoque” fue desconocido por el Ministerio de Producción, que conduce Débora Giorgi, y así lo hizo saber la semana pasada el presidente del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto, quien, por esa razón, ayer pidió el regreso a comisión del proyecto para eliminar el cambio.
Sin explicaciones
Según refiere hoy el diario La Nación, hasta el momento, Marconato se ha negado a dar explicaciones públicas sobre el incidente en el que quedó involucrado, luego de que Giorgi desautorizó el cambio que introdujo en el proyecto.
Las únicas voces que se han elevado en defensa del diputado, que tiene a su cargo la conducción del debate del proyecto de ley de radiodifusión del Gobierno, han sido de voceros oficialistas, quienes sostienen que Marconato obedeció instrucciones del Ejecutivo. «Pedimos que el proyecto vuelva a comisión para que se convoque a funcionarios del área de Producción y de Industria», reclamó Pichetto. La moción obtuvo el apoyo de todos los bloques, aunque la oposición pretende «discutir desde cero» la iniciativa, según lo manifestó el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz (Mendoza).
La intención del oficialismo es volver a la redacción con la que el proyecto llegó al Congreso, aunque se mantendrá la exención de las notebooks y netbooks para no perjudicar a las empresas que las producen y están radicadas en Santa Fe.
Así, lo que parecía un simple trámite legislativo se demorará al menos un mes más. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado sólo se reunirá la semana próxima para analizar el proyecto, por lo que el nuevo dictamen recién estará en condiciones de ser discutido en el recinto dentro de quince días. Pero como el proyecto sufrirá modificaciones, deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados, lo que implicará, como mínimo, un par de semanas más de tratamiento legislativo.