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(Río Grande, 22 de Agosto de 2009) Si se toman por su costo unitario, las viviendas sociales que se construyen en la provincia presidencial de Santa Cruz con fondos públicos cuestan casi 389.000 pesos. La cifra puede no decir demasiado, salvo que se compute que son construcciones prefabricadas, que son de dos ambientes y que por el mismo valor -cerca de US$ 100.000- es posible comprar un departamento más amplio y por estrenar en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires.
El dato surge del Boletín Oficial santacruceño y ya comenzó a generar revuelo en la provincia. La oposición radical en la Legislatura presentó un pedido de informes, al igual que un concejal de ese partido en Río Turbio, que reclamó además la intervención del fiscal de Estado para que evaluara «la posible comisión de delitos varios contra la administración pública».
La historia de sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz no es nueva. Menos aún desde que el ex gobernador Sergio Acevedo denunció la «cartelización» del sector, es decir, en beneficio de unas pocas empresas y menos empresarios aún.
Esta vez, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) informó las resoluciones 2217 y 2218 de manera «sintetizada» en el Boletín Oficial. La primera benefició a Juan Felipe Gancedo SA con un contrato para construir 36 viviendas y la infraestructura pertinente para trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) en Río Gallegos. A cambio, cobrará $ 13,99 millones. Es decir, $ 388.870 por unidad.
La segunda resolución beneficia a la constructora Gotti SA. Cobrará $ 37,9 millones a cambio de encargarse de un no especificado «movimiento de suelos» en el barrio San Benito, una zona humilde fuera del ejido urbano de Río Gallegos.
Ambas empresas acumulan antecedentes singulares. Juan Felipe Gancedo SA es una firma rionegrina que se expandió por Santa Cruz en los tiempos en que Carlos Santiago Kirchner, primo del entonces gobernador, controló el IDUV. Con el correr de los años, también figuró con $ 3 millones en facturas truchas proveídas por sellos fantasmas, a su vez vinculados al caso Skanska.
Gancedo SA se encargará ahora de la «segunda etapa» del proyecto de viviendas que inició Edeco SA, con un costo apenas inferior: 36 viviendas por $ 11,3 millones, a un costo de $ 315.633 por unidad.
La constructora Gotti también cuenta con $ 21 millones en facturas truchas y es investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una presunta evasión de entre 400 y 500 millones de pesos. Registra, además, varios vínculos públicos con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
«Hemos presentado pedidos de informes sobre estos contratos, pero el gobierno [provincial] no contesta», dijo el diputado radical santacruceño Omar Hallar a LA NACION. Según sus cálculos, el costo de construcción de ese tipo de vivienda social debería rondar los 100.000 pesos. «No nos contestan nada sobre ese contrato, ni sobre el de Edeco SA o el de Gotti sobre movimiento de suelos, el que ganó Lázaro Báez», afirmó.
En Río Turbio, el concejal radical Omar Zeidán presentó un proyecto de resolución por el contrato de las 36 viviendas que cree que contará con el respaldo de sus pares justicialistas cuando se trate sobre tablas el miércoles. «Va a prosperar porque el sobreprecio es notorio. Es una estafa al Estado provincial y a los obreros que en definitiva terminarán pagándolo», dijo a LA NACION.
Cinco constructores patagónicos consultados por LA NACION estimaron que el costo debería rondar entre los 1600 y 3800 pesos por metro cuadrado. Es decir, muy lejos del valor oficial, aun si el costo abarca el tendido de redes cloacales y de agua potable como parte de la infraestructura acordada.
Contratos y silencio
Juan Felipe Gancedo SA se quedó con un contrato para construir 36 casas a cambio de $ 13,9 millones.
Gotti SA , cercana al kirchnerista Lázaro Báez, cobrará $ 37,9 millones por la «remoción de suelos» en Río Gallegos.
Sin explicación. La UCR sospecha posibles sobreprecios, pero el gobierno provincial no responde.
Fuente: La Nación