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Silvana Mungi y Raúl Díaz suscriben una solicitada publicada este lunes en un diario local, en la cual se presentan respectivamente como presidente y secretario de la entidad a la que el Municipio de Río Grande ha confiado por concesión la explotación del sistema de estacionamiento medido en la ciudad.
Los firmantes evitan dar ningún tipo de respuesta al respecto de las denuncias hechas por sus empleados (la mayoría de ellos discapacitados) que acusaron a la institución de pagarles sumas magras por su trabajo y violar un sinnúmero de normas laborales. Se limitan a desconocer la representatividad de los delegados gremiales, aunque se sometieron al arbitraje del ministerio de Trabajo y aceptaron, por la tarde, la conciliación obligatoria dictada por el organismo.
Mungi y Diaz expresan en la solicitada que “desautorizamos al Sr. Cano Juan Armando de todo dicho que haya manifestado… siendo el antes nombrado un empleado más de esta Asociación por su calidad de discapacitado motriz”. Cano ha sido, desde el inicio de la actividad de la asociación y hasta pocos días atrás, la única persona que habló en nombre de la entidad y afrontó toda la polémica que rodea a “Déjalo ser, déjame ser” en relación al cuestionado comercio del estacionamiento medido.
Mungi y Diaz, a pesar de tildar como “un empleado más” al ex presidente, eluden explicar por qué la asociación paga el alquiler de la vivienda que habita Cano junto a varias personas más y contabiliza dicha renta como un gasto más dentro de la contabilidad de la institución.