< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
En Tierra del Fuego hay médicos que trabajan diariamente pese a la falta de elementos necesarios para completar una atención normal. Sin embargo, a menudo son sindicados gratuitamente como “malos profesionales” y varios actores de la Justicia incentivan a los pacientes a generar juicios en su contra.
Esta realidad es causa de preocupación en la Asociación de Profesionales del Hospital Regional Río Grande, cuyos integrantes difundieron algunos datos que confirman la situación que se describe.
Un estudio de la Asociación Argentina de Derecho Médico y de Salud asegura que sólo prospera uno de cada cuatro juicios por mala praxis médica, y en Tierra del Fuego esa cifra es mucho más baja, casi inexistente. Sin embargo, la misma Asociación asegura que las demandas contra los médicos registrarán un fuerte aumento en el corto plazo, sobre todo en los hospitales públicos.
Los profesionales de la salud consideran encontrarse frente a una verdadera “industria del juicio” contra los médicos, pero, aunque muy pocos juicios por mala praxis prosperan, advierten el aumento en la cantidad de demandas año tras año.
La tendencia fue corroborada por otras fuentes, según un informe realizado por el diario Clarín, de Buenos Aires. Una de ellas, el Jefe de Planeamiento Comercial de SMG Seguros, del grupo Swiss Medical, aportó una estimación para el período 2001/2010 de 6.600 condenas judiciales en el país, con un monto de sentencias condenatorias de 2.600 millones de pesos, un promedio de 394.000 pesos por demandado.
Ante esta inquietante amenaza, los médicos buscan llamar la atención y conmover a los legisladores para que traten algunos de los proyectos de ley presentados para bajar lo que consideran «litigiosidad indebida».
Otros datos de distintas compañías de seguros informan que el 20% de los más de 100.000 médicos matriculados en todo el país enfrenta alguna demanda penal por responsabilidad profesional. Y que en los últimos 10 años, la litigiosidad aumentó un 80%. En todos los casos, sólo en un 25% se comprueba la negligencia médica.
Según los profesionales, esto trae como consecuencia un “resquebrajamiento de la calidad de la salud” al producir lo que se llama «medicina defensiva»: ante el temor de un juicio, el médico ordena un sinnúmero de análisis previos para garantizarse un marco de defensa, lo que encarece el sistema y pone al médico al borde de lo que aprendió en cuanto a la normativa para la atención
El sistema de salud
El deterioro de la relación del médico con el paciente es también un elemento importante para este retroceso en el sistema de salud. En el marco de una buena relación médico-paciente prácticamente no existen las denuncias, aun en casos de mala praxis, donde la gente reconoce el error de un médico como el que puede cometer cualquier otro actor de la sociedad. Pero cuando esa relación no existe, ante la menor sospecha se cae sobre el médico con una demanda, casi siempre infundada y estimulada por abogados de escasas cualidades morales.
Por otra parte, continúa vigente el absurdo de que el médico en un juicio aún cuando sea declarado inocente tiene que soportar las costas, porque la Justicia supone que está en mejor posición económica que el paciente.
Otra inequidad judicial corriente es la inversión de la prueba: Al contrario que cualquier ciudadano común, el médico está obligado a probar su inocencia y el ejercicio de sus buenas artes ante cualquier denuncia por mala praxis.
En esta realidad agresiva del sistema judicial, los médicos están obligados a contratar costosas pólizas para ejercer su profesión. Por ejemplo para un cirujano por un capital asegurado de 50.000 pesos le cuesta alrededor de 1.400 pesos y por 100.000, unos 2.000 pesos. A un clínico, por los mismos montos le cuesta 300 y 500 pesos.
Son varios los reclamos médicos de cambios legales que aporten algo más de justicia y equidad a su situación particular: topes en los montos indemnizatorios, cambios en el régimen de prescripción -un paciente puede reclamar hasta 10 años después de la atención-, reducción de penas y cambios en el beneficio de litigar sin gastos.
Muy lejos de pretender proteger al negligente, estos cambios resultan urgentes por cuanto en el actual statu quo se incentiva a que profesionales capaces y reconocidos prefieran ejercer especialidades menos riesgosas.
(Fuente textual: Asociación de Profesionales del Hospital Regional Río Grande)
(Bibliog. Cit: Diario Clarín; Asociación Argentina de Derecho Médico y de Salud)