(Río Grande, 03 de mayo de 2009)
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Según consiga el portal SUR54, la ex ministra de Desarrollo Social, Miriam Francisquini, fue encontrada culpable del delito de malversación y condenada a pagar multas de 18.500 pesos más costas del proceso. En tanto, Mónica Díaz fue condenada a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación.
La justicia ordenó la inmediata detención de Bernal “quien deberá permanecer en el establecimiento que la autoridad lo disponga en carácter de comunicado hasta que la sentencia quede firme”.
En el caso de Díaz –quien fuera Directora de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión del destituido gobernador Jorge Colazo- fue considera como partícipe primaria, material y penalmente responsable de falsedad ideológica de instrumento publico.
Además, el Tribunal resolvió absolver a Manuel Sánchez, titular de la empresa MS Construcción, respecto de los delitos de defraudación de la administración pública en concurso con falsedad ideológica y falsificación de documento privado, en calidad de partícipe necesario, disponiendo de este modo el levantamiento de la inhibición de bienes.
Respecto de los demás empresarios acusados, Julio Avalos de MECOVIAL fue condenado a 2 años de prisión en suspenso; Viviana Alicia Pinus de la empresa VAP a un año y seis meses; y Omar Calquin responsable de JEC Servicios a un año de prisión en suspenso mas costas por ser
considerados partícipes primarios materiales y penalmente responsables del delito de con
falsedad ideológica de instrumento publico.
Además, según informó FM del Sur los empresarios junto a la ex funcionaria Díaz deberán
someterse, durante el plazo de la condena, al cuidado de un patronato o institución que cumpla la función.
Además, el Tribunal Oral de Juicio decidió hacer lugar a la acción civil iniciada por el Tribunal
de Cuentas en contra de Bernal, Díaz y Francisquini, condenándolos a pagar “94.814 pesos más los intereses legales desde el 23 de noviembre de 2004 hasta el día de efectivo pago
que deberá concretarse dentro de los 10 días de quedar firme la liquidación que se practique”.
Asimismo, se hizo lugar también a la acción civil promovida por el Tribunal de Cuentas
contra Ávalos, Calquin y Pinus condenándolos a “pagar solidariamente 32.898 pesos, 27.218 pesos y 15.618 pesos respectivamente más intereses legales calculados desde la fecha de cada una de las facturas hasta el momento de su efectivo pago”.