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El IPV cedió y entregó las viviendas sociales

Después de que los vecinos ocuparan por la fuerza algunas de las casas, el gobierno dispuso entregar las llaves a sus adjudicatarios “para que no haya destrozos”. Les inhiben de reclamar por el estado de los inmuebles que están sin terminar.

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Tras la entrega de 118 llaves de viviendas sociales que se construyen en < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Margen Sur de Río Grande, la presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gabriela Muñiz Siccardi, exhortó a las familias del asentamiento “15 de Octubre” a garantizar que no se produzcan nuevas ocupaciones en las tierras que abandonarán, y les remarcó que “de lo contrario, no se podrán encarar las obras de infraestructura para las soluciones habitacionales que aún se deben construir”.

Las manifestaciones de la funcionaria surgieron luego de que la propia gobernadora de la Provincia le ordenara entregar las llaves de las 118 viviendas a sus precarios ocupantes, después de que estos decidieran ocuparlas sin esperar la entrega formal por parte del Instituto.

Muñiz Siccardi había mantenido el lunes por la mañana una reunión con la Comisión del barrio, a quienes les volvió a plantear que la entrega de las viviendas se demoraría unos días más, en virtud de que no están las obras completadas y que había trámites pendientes que cumplimentar.

Las vacilantes explicaciones de la funcionaria motivaron la reacción de los vecinos que se dirigieron al barrio para ocupar las viviendas, para lo cual forzaron las ventanas e ingresaron, encontrándose con que los inmuebles están totalmente desprovistos de accesorios y con importantes detalles pendientes de terminación.

Ante el hecho consumado, intervinieron en la cuestión el ministro de Obras Públicas Daniel Lepez y la Gobernadora Ríos, quienes dispusieron hacer entrega de las llaves a los ocupantes “para evitar destrozos en las viviendas”.

Muñiz Siccardi puntualizó que los beneficiarios de estas soluciones habitacionales rubricaron un acta de ocupación, “a través de la cual el IPV los autoriza a ocupar sus viviendas en el estado en que se encuentran, y donde se determina que dicho convenio es por un año”.

“Se cobrará una cuota de pago de 494 pesos, que los beneficiarios podrán pedir que se suspenda por seis meses o solicitar una reducción para que la cuota sea menor, y todo lo que ellos abonen va a ser considerado en el valor de la vivienda cuando se tenga el precio definitivo”, precisó.

El acta compromiso estipula que los ocupantes toman posesión del inmueble “con pleno conocimiento de que el mismo cuenta con las instalaciones internas de todos los servicios, estando en la etapa de terminación las obras de infraestructura de agua y cloaca, que se encuentran en ejecución”.

Consultada sobre los pasos a seguir desde el IPV en materia de infraestructura, la titular del organismo remarcó que “con la empresa hemos determinado continuar con el contrato en lo relacionado a infraestructura, para que el sector cuente con agua y cloaca; y en la parte ya construida resta muy poco para la terminación de los trabajos, por lo que vamos a empezar con lo que es agua y cloaca en el otro sector”.

“Pero para esto vamos a necesitar un compromiso de todos los vecinos que están ocupando ahora ese sector, para concretar el corrimiento de sus casillas para que la obra pueda iniciarse y concluir sin ningún problema”, indicó.