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A solicitud de los adjudicatarios, que reclamaron “con urgencia acceder a una vida mejor”, el IPV entregará las viviendas sociales construidas para usurpadores en < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Así lo anunció la presidenta del ente provincial, Gabriela Muñiz Siccardi, quien anunció –en diálogo con Radio Fueguina La 97– que el lunes habrá una reunión con los vecinos del barrio, a quienes se pondrá al tanto de la situación en que se encuentra el complejo habitacional.
La directiva advirtió que la denominación técnica de los precarios inmuebles no es el conocido de “viviendas sociales” y lo enmarcó en un “plan de mejoramiento de villas”, lo que implica, entre otras cosas, el pago de una cuota más elevada y la imposición de requisitos más severos, entre ellos la exigencia de nunca haber sido adjudicatario de una terreno o vivienda fiscal.
“Se les va dar –a los adjudicatarios- un convenio de ocupación de un año en el estado en que se encuentran las viviendas”, hasta tanto se completo el trámite necesario para la asignación definitiva y la fijación de la cuota a abonar, que no tendrá carácter de social, sino ajustada a las operatorias habituales del IPV.
Muñiz admitió que las viviendas se entregarán sin cocina, sin calefactores y sin bajo mesada, en tanto la infraestructura disponible carece de conexión de luz, de gas, de agua y cloaca. “Estamos pronto a terminarla”, arriesgó sin poner plazos la presidenta del IPV.
“Se entrega así porque los mismos beneficiarios lo solicitaron así, porque dicen que es mejor que las condiciones en que están viviendo”, justificó la funcionaria. “