La empresa mendocina Matas vuelve a estar en el ojo de la tormenta: el Instituto Nacional de Alimentos (Inal) ordenó retirar de todo el país los productos que fabrica la firma, por no ser aptos para consumo.
El escándalo comenzó en Río Negro, donde la empresa tiene un contrato con el Estado para proveer alimentos en programas de ayuda y en escuelas. La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, había denunciado a la firma por irregularidades en los alimentos, pero el empresario local Jaques Matas aseguró que se trataba de una “maniobra política”.
Anoche el Instituto Nacional de Alimentos analizó la leche y fue lapidario. Después del análisis bromatológico el Inal ordenó a las firmas Masily y Deshifood –de Matas- que retiren de circulación las leches en polvo que ambas fabrican.
«Ambos productos, que se comercializan en todos el país, forman parte del programa Desayuno y Merienda Escolar en Río Negro», informó el organismo.
El Inal concluyó en ambos casos que el producto «no cumple con las exigencias del Código Alimentario Argentino», sin dar mayores detalles sobre qué aspecto está fuera de esa norma. Comunicó la decisión a todas las jurisdicciones bromatológicas del país y a las delegaciones del INAL para que monitoreen el efectivo retiro del producto.
Como disposición adicional, solicitó a las empresas elaboradoras Masily y Deshifood «que informen acerca del origen de las materias primas utilizadas».
La resolución del INAL fue comunicada ayer por nota N* 1796 al interventor de < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Ese organismolo informó a los legisladores rionegrinos Martín Soria, Carlos Peralta y Pedro Pesatti, quienes participaban ayer en Buenos Aires de un encuentro institucional. Y ellos lo difundieron.
«Es necesario que la gente que está en contacto con este producto conozca cuanto antes esta decisión del organismo rector de la calidad de los alimentos en el país», dijo ayer el diputado Soria.
«La resolución del ANMAT ha determinado de manera contundente que la leche que distribuye el gobierno de Miguel Saiz, a través de la empresa Flavors, no cumple con las exigencias del Código Alimentario Argentino, y esto implica que ya no hay argumentos para mantener a Flavors en el Registro de Proveedores del Estado y continuar con una licitación hecha a medida de esta empresa trucha», sostuvo anoche el bloque de Legisladores Justicialistas de Río Negro en un comunicado.
«Estamos ante un hecho gravísimo -agregaron- porque
Fuente: Diario Los Andes (Mendoza)