El drama de Sofía se ha convertido en pocas horas en un desafío mayúsculo para toda la sociedad fueguina y sus instituciones.
Como sucede en toda crisis –y más aún en un marco de tragedia- la situación exige poner en juego en la coyuntura valores extremos de toda clase, reto que no todos están en condiciones de superar. Desde un simple vecino que arrima su consuelo a la familia, hasta el juez en cuyas espaldas cae todo el peso de la investigación, todos y cada uno de nosotros nos sentimos –o deberíamos sentirnos- involucrados en la búsqueda de la pequeña que fue alejada de los brazos, el abrigo y el amor de sus padres.
Los errores y las distracciones, en momentos tan críticos, se pagan más caros y se evidencian con mucha más fuerza, por eso la necesidad de extremar los recaudos y la responsabilidad, evitando dejarse llevar por la desesperación y las ansias del momento.
Va de suyo que no todos están a la altura de las circunstancias y así, van quedando en el camino las huellas de errores que, llegado el momento, habrá que repasar para superarnos a nosotros mismos.
Hemos visto en nueve días políticos que no resistieron la tentación de ganar en imagen colgándose de la desgracia ajena, comunicadores más afectos a la engañosa primicia que al respeto profundo por la verdad, funcionarios con supina ignorancia de sus deberes, agentes de Seguridad desbordados por la crisis, una Justicia acerca de cuyo desempeño surgen enormes interrogantes, una secretaría de Derechos Humanos increíblemente ignorante de su misión en la circunstancia y hasta (por lo mismo) una familia que denuncia que no han recibido ningún tipo de contención desde el Estado.
Son, sin dudas, juicios de valor que habrá que hacer en su momento, aunque hoy nada debe obstruir la necesidad de centrar esfuerzos en la búsqueda de la niña perdida.
Habrá que decidir, en su momento, en qué aspectos el Estado (sus instituciones y la sociedad misma) no ha estado a la altura de las circunstancias y qué cosas se pueden mejorar para estar mejor preparados frente a la adversidad.
Lo que no se puede hacer -en tanto- es pretender suplantar al Estado en su función, porque ello, lejos de ayudar, sólo aporta confusión, y yerros aún mayores en un momento en que la claridad de ideas es una necesidad imperiosa y un elemento vital para procurar un final feliz para una historia dramática.
El Estado no admite organismos paralelos. Ni los periodistas pueden constituirse en investigadores, ni los fabricantes de rumores en comunicadores. Ni los vecinos (con toda su bondad) son asistentes sociales ni los opinólogos de ocasión pueden suplir a los funcionarios judiciales en su misión de analizar cada indicio y cada aporte que se arrima a la causa.
Pero con todo, el gesto más gravemente peligroso ha sido manifestado ayer, cuando un grupo de activistas barriales se han presentado como organizadores de “brigadas civiles” para “Salir a buscar a Sofía casa por casa”.
De esta malhadada idea ha sido partícipe el propio padre de la menor desaparecida, en cuya desesperación ha adherido a la iniciativa manifestando que “si no tienen nada que esconder nos tienen que dejar entrar a sus casas” olvidando, en su comprensible estado, que no toda persona honesta admite que se viole su intimidad, más aun cuando no conoce a sus visitantes.
Lo lamentable, es que, viniendo de supuestos dirigentes sociales, esta idea haya sido expuesta con total soltura sin pensar en el gravísimo exceso que significa tomar el Estado por cuenta propia y salir a cumplir funciones sólo reservadas a las fuerzas de Seguridad, bajo estrecha vigilancia del Poder Judicial.
Para tomar medida de lo peligroso e irresponsable de la iniciativa vale con preguntarse: ¿Qué pasaría si alguna de estas “brigadas justicieras” se encontrara realmente con la casa donde está cautiva Sofía, con sus captores dispuestos a todo?
Nadie puede tomar el Estado por cuenta propia. El Estado tiene sus instituciones dispuestas. Si éstas fallan –en el supuesto de que así fuera y ¿quién tiene altura suficiente para juzgar esto?- habrá que exigir el cambio necesario, pero de ningún modo pretender, desde el llano, sustituir al Estado mismo motivados por la propia ignorancia.
Debemos los vecinos comunes sentirnos más que satisfechos si podemos aportar acudiendo a las marchas, haciéndonos eco de los pedidos de ayuda, pintando carteles, preguntando a los que saben qué podemos hacer. Pero pretender arrogarse el rol de justicieros, sólo desde la apresurada conclusión que el Estado no ha cumplido, revela un grado de irresponsabilidad e impulsos nocivos que debe inmediatamente ser frenado por quienes corresponda.
Estamos acostumbrados a que algunos dirigentes barriales –en elevada proporción punteros de algún sector político- obren con ruinosa discapacidad y con escaso beneficio para sus representados, pero eso, como parte de la vida diaria es tolerable. En ese caso tan sensible, el error estratégico que deploramos es de una gravedad mayúscula y de ningún modo debe pasar desapercibido para las autoridades, únicos personeros del poder de Policía en una sociedad bien organizada.
Dejarlos hacer es reconocer que vivimos en una colectividad donde impera la fuerza de los hechos, un pueblo sin ley, que no creemos sea el caso de Río Grande.