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El proceso licitatorio para la recolección de residuos en la ciudad de Río Grande debe continuar este jueves, en un clima enrarecido que amenaza con tener el final más impredecible.
El pasado lunes 15 se abrieron los sobres con la información técnica, posponiéndose por 10 días la apertura de las respectivas ofertas económicas, en una decisión del Municipio que originó un fuerte malestar y todo tipo de suspicacias entre las empresas y en los observadores del proceso.
Compiten por obtener el jugoso contrato de 56 millones (por cinco años de servicio) la actual prestataria, Agrotécnica Fueguina, y las nuevas oferentes Cliba S.A. y Medio Ambiente S.A., ambas con importantes antecedentes en otros puntos del país.
Luego de la apertura del sobre Nro. 1, Medio Ambiente impugnó la presentación de Agrotécnica por haberse efectuado fuera del plazo establecido, en tanto cuestionó la inhabilidad de la empresa para licitar, por cuanto se encuentra en concurso de acreedores.
Ambos cuestionamientos fueron desoídos hasta ahora por la comisión evaluadora del Municipio, y aparentemente se llegaría a la apertura del sobre Nro. 2 (el que contiene la propuesta económica de cada oferente) sin haberse hecho lugar a las impugnaciones.
Algunas versiones indican que funcionarios municipales están buscando el modo de declarar nulo o desierto el concurso, para decidir prorrogar por decreto la actual concesión, en un acto que provocaría la inmediata denuncia penal de Medio Ambiente S.A., según adelantaron sus directivos.
En el medio, el gremio de Camioneros viene presionando fuertemente para asegurar la estabilidad del personal afectado ante un eventual cambio de prestador, y prometieron hacerse presentes hoy en manifestación para “controlar de cerca” el proceso licitatorio.
La controvertida situación –y las fuertes sospechas de favoritismo que pesan sobre los funcionarios intervinientes- ha acrecentado en grado sumo la expectativa sobre lo que puede ocurrir hoy, brindando un menú de posibilidades que incluye la inmediata continuación del proceso en sede judicial y algún pedido de juicio político contra algunos funcionarios del Ejecutivo.