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El informe sobre estacionamiento medido denuncia la falta de transparencia

La concejal Montero destacó la ausencia de controles y el faltante de documentación que permita determinar el destino de los fondos recaudados. Lamentó la falta de atribuciones de la Comisión de Seguimiento que integra y no descartó presentar el caso a la Justicia.

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La carencia de documentación respaldatoria para una rendición contable es el mayor problema que refleja hoy la explotación del Estacionamiento Medido en Río Grande.

 

La concejal del ARI Marisa Montero admitió las dificultades que ello impone para un adecuado control del sistema y confirmó notorias irregularidades, particularmente en la situación contractual del personal afectado.

 

Montero lamentó “Lo endeble o lo pobre que resulta lo que surja de esta comisión de seguimiento”, cuyas facultades de control y decisión son mínimas, e interpretó, con preocupación, que lo que surja de su actuación “va a terminar siendo una opinión y nada más”.

Respecto de que el personal afectado a la tarea en la calle (muchos de ellos discapacitados) hayan trabajado dos meses sin cobertura de un seguro laboral “Habla a las claras de la improvisación y de cómo ha salido esta concesión”. “Es una historia que nació mal parida”, ilustró.

 

La edil manifestó su convicción de que se debería instrumentar “Otro sistema que garantice más transparencia” y consideró “muy vulnerable” la operatoria actual.

 

Montero centró su preocupación en las dificultades para determinar el monto recaudado y el destino que tienen los fondos: “Es la voz de la asociación, hay un registro de las boletas que se retiran de la empresa” y luego “a la hora de abonar el canon, no hay forma de comprobar que efectivamente el 1% que se está depositando se condiga con el total de boletas vendidas”. “No está el control previsto para esa situación”, se alarmó.

 

En referencia al destino de la eventual ganancia neta obtenida por el concesionario “no tenemos idea”, lamentó la edil.  Ello, a pesar de que el objetivo inicial de creación del sistema preveía que debería destinarse a ayuda para discapacitados y que la entidad que lo administra no persigue (en teoría) fines de lucro.

 

En atención a una posible malversación de fondos “Si existen serias sospechas de que se podría haber cometido algún delito haremos la denuncia ante < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Justicia como corresponde”, sentenció Montero.

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