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La 19640, otra vez amenazada

Desde diversos sectores salieron a atacar el “costo fiscal” que la Ley de Promoción Industrial significa para el país. El diario Clarín recoge opiniones de economistas cercanos al gobierno, que critican la promoción y sugieren cambios. Todos atacan la 19640, nadie la protege.


Una extensa nota publicada este viernes por el diario Clarín, en su suplemento económico, refleja las asechanzas que pesan sobre el Régimen de Promoción Industrial, muchas veces atacado desde el capitalismo centralista.


El diario porteño destaca el costo fiscal que significa para la economía nacional el sostenimiento del régimen, en tanto subraya los altos salarios que se pagan en el sector industrial, mientras los empresarios reclaman mayores beneficios para mejorar su competitividad.


A contramano de todo ello, el gobierno provincial impulsa la imposición de elevados impuestos que afectan a las empresas promocionadas, lo que es visto como un contrasentido difícil de sostener.



El ataque de las empresas radicadas fuera de la Isla en contra del régimen de promoción fueguino queda expuesto con crudeza a través de la opinión de un economista de la UBA (enrolado en el grupo Fénix, de tendencia ultracapitalista), para quien promocionar un polo industrial a 3.300 kilómetros del centro de consumo, «es una barbaridad». Calificación que no parece resultarle adecuada al mismo economista para el caso de Manaos, zona franca brasileña situada en el corazón del Amazonas.



Ataques y presiones como éstas se repiten cíclicamente, gestadas por economistas centralistas y esponsoreadas por la industria de la Pampa Húmeda, pero parece recrudecer ahora que todos en Tierra del Fuego parecen confabularse para darles la razón.



En efecto, cargar con impuestos provinciales empresas que el gobierno federal desgrava para promocionar la región no parece una decisión razonable, ni desde el punto de vista político ni del económico, pero el ministerio de Economía provincial no parece reflexionar al respecto.



Por su parte, tanto los empresarios como los gremialistas se empecinan en reclamar mayores beneficios los unos y sueldos aun más elevados los otros, tironeando de las puntas de un tejido que empieza a deshilacharse por completo.



Pero nadie parece reparar en ello, excepto los interesados en desacreditar el régimen, desde el mismo día en que se impuso en el año 1972.






(la nota de “Ieco” en Clarín):




EL MAYOR REGIMEN PROMOCIONAL DEL PAIS


Todos reclaman cambios en la zona franca de Tierra del Fuego



VIE 22/08/08 20:36 | Preocupado por el rojo fiscal, el gobierno provincial quiere cobrar impuestos. Los fabricantes piden más incentivos a la producción y los gremios reclaman un aumento salarial.


Por Damián Cantor | dkantor@clarin.com



En Tierra del Fuego se ajustan el cinturón: su economía pasa por zona de turbulencias. El gobierno provincial se queja por el rojo fiscal. Los empresarios reclaman más beneficios y están que trinan por el aluvión de importados. Los trabajadores piden aumentos, pero muchos temen por sus puestos de trabajo. Son tironeas que responden a intereses diversos y muchas veces contradictorios.



Todo pasa a 3.300 kilómetros de Buenos Aires, pero lo que ocurre en la isla repercute en el continente. Ocurre que esa provincia crece al amparo del mayor régimen promocional del país, cuyo costo fiscal (por impuestos que el Estado deja de percibir) es de unos $ 1.300 millones anuales, según estimaciones oficiales. Desde su origen, la zona franca generó polémicas, y ahora muchos creen que llegó el momento de reformarla, pero no en el mismo sentido.



Los números fríos dicen que la industria representa el 53% del PBI provincial. Sin embargo, pese a la mayor actividad fabril, la administración fueguina padece problemas: la gobernadora Fabiana Ríos, que asumió en diciembre, aseguró a beco en una entrevista exclusiva, que la actividad industrial no alcanza a compensar los $ 30 millones mensuales de déficit (ver «Hay que adecuar…»).



En estos días, la Legislatura fueguina intenta aprobar un proyecto del Ejecutivo para gravar la producción con una tasa de hasta el 4,5%, según la actividad, una iniciativa resistida por los empresarios.



La ecuación es difícil, porque desde su implementación en 1972, la ley 19.640 que creó el Área Especial Aduanera permitió poblar una región de clima hostil e infraestructura muy pobre. En ese entonces vivían sólo 16.000 personas; hoy son 180.000, la mayoría de ellas establecidas en dos ciudades: Ushuaia (que vive un boa turístico) y Río Grande. «Más allá de las inversiones y de las plantas en funcionamiento, el principal objetivo del régimen se cumplió», resume Gastón García, de la consultora Market Research & Technology.



Los puntos en discordia son varios. Los fabricantes argumentan que a pesar de los incentivos, sus costos subieron y piden flexibilizar el régimen. Philips, que ensambla televisores LCD y DVD en su planta de Río Grande, volvió a fabricar afeitadoras, algo que dejaron de hacer hace 30 años. Sin embargo, Raúl Méndez, su director, señala: «Hay productos que todavía son viables, pero sería bueno que se puedan ampliar las ventajas (impositivas) para que se puedan desarrollar otros».



La electrónica es uno de los motores de la producción fueguina. En febrero de este año, el sector empleaba 3.600 empleados, según datos de la Dirección General de Industria y Comercio provincial. Le siguen en importancia la industria plástica (803), la confección (592) y el rubro textil (364).



La actividad subsidiada genera problemas, ya que los productos fueguinos –cuando llegan al continente– están en mejores condiciones para competir en el mercado. La electrónica, de todos modos, merece especial atención, porque sólo compite con los importados. Lo que está en discusión, en todo caso, es el costo fiscal, porque las empresas de allí no pagan IVA, ganancias ni derechos de importación ni exportación.



La década pasada, la promoción venía languideciendo, porque estaba cerrada la posibilidad de radicar nuevas industrias. Pero en 2003, el gobierno de Eduardo Duhalde reabrió el régimen hasta 2005 con el decreto 490. En total, según datos de Economía, se presentaron 76 nuevos proyectos de inversión, de los cuales se aprobaron 33. De ese total, sólo 9 se concretaron: todos vinculados al rubro electrónica.



Cada iniciativa fue revisada con microscopio, porque los beneficios sólo son aplicables a condición de que generen valor agregado y no perjudiquen la producción del continente. Es decir, en la isla no se puede fabricar nada que ya se fabrique en la Argentina.



Fabio Delamata, secretario de Promoción Industrial fueguina, defiende la zona franca. «Quienes dicen que Tierra del Fuego es la panacea, mienten. El régimen sirve, pero estoy de acuerdo en que hay que tratar de establecer empresas de otro perfil, que tengan un proceso productivo importante», dijo.



Por el contrario, Jorge Schvarzer, economista del Grupo Fénix, dice que promocionar un polo industrial a 3.300 kilómetros del centro de consumo, «es una barbaridad». «Hay que tener mucho cuidado con esa clase de regímenes», ex presó. Y concluyó: «Yo usaría ese dinero para promocionar otro tipo industrias, porque tenemos sectores con ventajas comparativas».



Si bien menciona el peso del costo fiscal, Dante Sica, economista jefe de Abeceb, discrepa: «Tierra del Fuego es la única zona franca habilitada dentro del Mercosur, junto con Manaos (Brasil).» La zona franca de Manaos, en la Amazonia profunda, otorga beneficios similares a los de Tierra del Fuego, pero acepta nuevas inversiones y casi no cobra impuestos. Por eso, los industriales fueguinos reclaman un «régimen simétrico».



Tras la crisis de 2001, hubo un boom de consumo de electrónicos. Fernando Notti, de la fábrica de electrónicos NewSan, dice que la cosa cambió y hace pronósticos sombríos. «Los costos internos subieron muchísimo: los fletes, por un lado, y la mano de obra también», comenta con amargura.



Esto merece una explicación. Según datos del INDEC, después de Santa Cruz, Tierra del Fuego tiene el mejor promedio de sueldos en el sector privado. Sin embargo, el costo de vida también es muy alto. «Un empleo industrial está entre 4.200 y $ 7.000, bruto», explica Emilio Dubanced, de ASIMRA, el gremio de los supervisores metalmecánicos. Pero agrega: «Los alquileres rondan los $ 2.000, y la canasta básica cuesta 4.000».



Sobre el régimen promocional, Dubanced opina que «hay que abrir el régimen para nuevas inversiones y para fabricar nuevos productos, como pasa en Manaos».



Otros sindicatos de la isla, de todos modos, manifiestan sus dudas al respecto. La UOM, por ejemplo, el más poderoso de todos, cuestiona a los empresarios cuando se quejan por la suba de los costos laborales. Oscar Martínez, su secretario general, dijo a iEco que «decir eso es irresponsable. El costo de vida nos perjudica a nosotros, lo único que reclamamos es un salario digno».




(Fuente: http://www.ieco.clarin.com/notas/2008/08/22/01745304.html)