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Sin los resultados que el gobierno esperaba finalizó la reunión con los concejales de Río Grande que pidieron el ministro de Obras Públicas y el presidente del IPV.
Daniel Lepez, y Hugo García, “garantizaron hoy” (según la gacetilla oficial de Gobierno) que las dos plantas móviles de tratamiento de líquidos cloacales que se instalarán en Chacra XIII no contaminarán el cauce del río. Pero la reacción de los ediles fue de sobradas sospechas al respecto y sólo se limitaron a convocar a una nueva reunión, el próximo miércoles, con funcionarios del Departamento Ejecutivo del Municipio.
Ambos funcionarios provinciales “abogaron para que sea posible trabajar en forma coordinada, con los representantes del Municipio, y trazar un proyecto que brinde una solución integral al sector”, pese a lo cual algunos concejales parecen inclinarse por llamar a una consulta pública para conocer la opinión de los vecinos de Río Grande.
Del encuentro, realizado en < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Desde el Ejecutivo provincial se brindaron detalles del funcionamiento de las plantas modulares que se instalarán en Chacra XIII para el tratamiento de los efluentes cloacales que se producirán una vez entregadas las primeras 400 viviendas que se construyen en este sector de la ciudad, enfatizando el Ministro Lépez y el titular del IPV, Hugo García, que “estas plantas móviles cumplen con las normas de seguridad en cuanto al correcto tratamiento de líquidos cloacales en su instancia previa de vertido”.
El personal técnico del IPV sostuvo que las plantas móviles garantizan el correcto tratado de los efluentes cloacales, aunque remarcaron que “para evitar posibles fallas que pongan en riesgo el normal funcionamiento de las mismas se deberán realizar obras complementarias como la construcción de un piletón de contención de líquidos cloacales así como la instalación permanente de un grupo electrógeno para que un eventual corte de energía eléctrica no interrumpa ni afecte el funcionamiento de las mismas”.
Insólitamente, después de la reunión, el presidente del IPV pretendió desconocer la potestad del Concejo Deliberante para normar en la materia. El funcionario negó que para el uso de las plantas móviles se requiera de la autorización del cuerpo deliberativo de Río Grande, aunque insistió en la necesidad de “plantear en una mesa de diálogo, todas las posibilidades que tenemos porque no es voluntad del IPV ni del Ejecutivo cerrarse a cualquier posibilidad de unificar criterios”.
“Existen personas que aguardan recibir sus viviendas, de modo que pretendemos alcanzar un equilibrio para brindar soluciones habitacionales sin descuidar el aspecto ambiental”, aseguró.
Para nada convencidos
Por su parte, los concejales insistieron en su postura de no avanzar con la ejecución de infraestructura y reclamaron una solución definitiva, con descarga en el mar y no en el río como plantea el gobierno de la provincia.
El concejal Raúl Moreira se mostró escéptico con las explicaciones recibidas dado que “no se ha avanzado mucho” porque “no ha habido acuerdos entre el Municipio y el IPV como para tener una solución a este problema o al menos un proyecto alternativo”.
Si bien Moreira reconoció que “nos han informado sobre el tratamiento que se le va a dar a los afluentes cloacales de Chacra XIII, interpretó que “esto no es una solución” por lo cual insistió con su postura en cuanto a que “no se viertan estos afluentes al Río Grande” entendiendo que de permitirlo “estaríamos contribuyendo a seguir dañando el río”.
Por su parte el concejal José Ojeda opinó que en principio “hay que tener unja reunión con todos los actores de esta situación e invitar a las organizaciones ecológicas que continuamente y durante mucho tiempo han venido trabajando en todos los temas referidos al ambiente en la ciudad”.
En el mismo sentido opinó que “existen otras alternativas que no se han llevado adelante; creemos que hay que trabajar en este sentido y ser lo más respetuoso posible de nuestra Carta Orgánica que es muy clara en este sentido”, en tal sentido recordó que en la mencionada Carta Orgánica “el Municipio se declara ribereño y evita toda contaminación del río o provocar degradación a su medio ambiente o los animales que lo habitan y, obviamente a sus habitantes y si nosotros colaboramos con la contaminación del río estamos atacando todo lo que decimos defender”.
Ojeda también sostuvo que el IPV “busco embarrar la discusión” planteando una solución socio ambiental para las viviendas de Chacra XIII entendiendo que “estamos obligados a trabajar más allá de cualquier consecuencia política y debemos defender nuestro medio ambiente y la calidad de vida de las personas”.
Sobre la posibilidad de convocar a un referéndum popular para terminar la discusión, Ojeda opinó que es “una probabilidad porque es una discusión de la que podría participar toda la comunidad”.
Mientras tanto, la concejal Miriam Boyadjian sostuvo que “el río es nuestro bien natural” por lo cual pidió “tener un proyecto alternativo para poder enviar los afluentes cloacales al mar” por lo cual reclamó “una reunión conjunta con el Ejecutivo Municipal” entendiendo que “no puede existir falta de diálogo sobre un problema que necesita soluciones importantes”.
En el mismo sentido alertó sobre las diferentes situaciones que se están observando en la ciudad dado que “en muchos sectores los vecinos improvisan formas, precarias, de deshacerse de los efluentes cloacales; también hemos visto que algunas fábricas descargan líquidos en el río” por lo cual advirtió sobre la necesidad de “trabajar sobre estas cuestiones que están ocurriendo hoy en la ciudad”
Aseguró la edil que los Concejales “estamos en el medio de una discusión entre el Municipio; el IPV y el gobierno de la provincia; y nosotros no vamos a avalar situaciones adversas al río” y en el mismo sentido señaló la intención de “privilegiar la calidad de agua que hoy tenemos en el río que pocas ciudades tienen pero este proyecto del IPV es muy complejo y debe estar involucrado el Municipio”.
Todos a jugar
Mientras tanto, redoblando la presión, el gobierno provincial hizo salir a opinar a todos los funcionarios que tengan algo que ver con el tema. Contradiciendo declaraciones suyas de días atrás, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Nicolás Lucas “no se opone al uso de plantas móviles pero pide proyecto a mediano plazo”, según la gacetilla oficial.
Lucas aseguró -tras el encuentro mantenido entre funcionarios de Gobierno y el Concejo Deliberante de Río Grande- que el vertido de efluentes cloacales mediante la utilización de dos plantas móviles en Chacra XIII se trata de un procedimiento “técnicamente posible”.
“De hecho se hace en otras ciudades del mundo con ríos muy limpios”, señaló, para agregar que “esto se puede aceptar en la medida en que vaya de la mano con una solución de fondo”, solución que de ningún modo ha sido aportada por el IPV.
“Desde el año 2001 hay planteada una solución, pero básicamente lo que ha ocurrido es que el Municipio ha demorado la solución y llegamos a 2008 con las obras están terminadas y sin resolver el tema cloacal”, se quejó el secretario, quien calificó la situación de “un escándalo”.
En línea con la postura demagógica planteada por el IPV, Lucas reconoció que existe una urgencia social por la entrega de las primeras 400 viviendas de Chacra XIII, pero remarcó que “frente a esto lo que decimos es que a partir de una situación que viene mal gestionada desde hace ya 8 años, los planteos dogmáticos de ir hacia la solución integral no funcionan, porque se va a terminar frustrando tanto el objetivo económico como el objetivo social; es decir, nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta”.