Letras: Unificaron las causas Arrebola y Gualdessi

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El gobierno de < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Provincia aportó a la prensa información sobre las investigaciones que la Justicia lleva adelante en relación a pagos efectuados con Letras que formarían parte de operaciones fraudulentas llevadas a cabo por funcionarios de la gestión anterior. En tal sentido precisaron que han sido unificadas en un expediente las denuncias hechas por la gobernadora Ríos en relación a operaciones cobradas por el proveedor de alimentos ushuaiense Gualdessi Hermanos y la que involucra al empresario informático riograndense Ariel Arrebola.

El Tesorero General de Gobierno, Andrés Bronzovic, precisó que la Justicia les requirió más documentación por el caso de presuntas irregularidades en el pago con letras a la empresa Gualdesi, además de la recolectada durante los allanamientos de la semana pasada, en los que “en el caso de Economía nos pidió las órdenes de pago y las condiciones de aceptación de la efectivización a través de letras”.

Respecto al allanamiento en el Ministerio de Desarrollo, dijo que “ahí se estaban buscando los comprobantes de recepción, porque esa compra en particular estaba destinada a la conformación de los bolsones del Programa de Emergencia Alimentaria Nacional”.

Argumentó el requerimiento judicial en el hecho de que “del expediente no surge constancia que verifique se que se haya entregado esa mercadería”, para subrayar que “estamos hablando de un monto de 8 millones 200 mil pesos”.

Recordó que “una de las primeras anomalías administrativas que presentaba ese expediente fue que figuraban facturas del 2004 y el 2005 con imputación en el 2007, cuando de acuerdo a la ley de Administración Financiera deberían haber tenido imputación en esos mismos ejercicios”.

Bronzovic confirmó que la empresa Gualdesi “se llevó 12 letras el 11 de diciembre, por un total de 8 millones 200 mil pesos; y aparentemente parte de esos documentos ya ha negociado, porque sólo presentó las que aún tenía en su poder”.

El funcionario explicó que la supuesta irregularidad fue detectada “a partir de que tomamos conocimiento del expediente 20351/06 del Ministerio de Economía, a través del proceso de verificación implementado por decreto 92/08 para verificar todas las letras emitidas en la anterior Administración”.

Bronzovic indicó que cuando directivos de la empresa Gualdesi Hermanos se presentó en la comisión, adjuntando al expediente una copia certificada de las letras que solicitaba se verifiquen para ser reemplazadas, “se hizo toda una serie de diligencias tendientes a dar cumplimiento a la demanda del decreto, y en esa tramitación de rigor surgieron situaciones que no quedaron suficientemente claras como para proceder al pago o re emisión de esos documentos”.

En ese marco, dijo, “analizamos el expediente con la Gobernadora y se llegó a la conclusión de las dudas eran suficientes como para presentar una denuncia penal, procediéndose en consecuencia el martes de la semana pasada”.

Tras señalar que la presentación dio origen a la causa 22481/08, caratulada “Ríos, María Fabiana y Olivero, Raúl Eduardo, sobre denuncia”, recordó que el miércoles la Justicia hizo un allanamiento en la sede de Gualdesi, el jueves por la mañana en el Ministerio de Desarrollo Social, y por la tarde del mismo día en el Ministerio de Economía.

Si bien dijo que la denuncia fue planteada ante la Fiscalía de turno, observó que “por una cuestión de conexión se agregó al expediente anterior relacionado con el caso (Ariel Fernando) Arrébola, que motivó otro allanamiento al Ministerio de Economía; porque el juez que se presentó acá la semana pasada fue (Javier) De Gamas Soler”.

Cabe destacar que a los 8 millones 200 mil pesos en letras que se le pagó a Gualdesi, se le suman 1 millón 700 mil pesos de Arrébola, elevando el monto cuestionado a 10 millones, que equivale al 15 % de los 70 millones de pesos que se emitieron en letras en la Administración Cóccaro.

Además dijo que “hay una gran cantidad de expedientes relacionados con la Obra Pública abonadas en letras, que están sujetas a investigación por presunto perjuicio fiscal según lo planteado por el Tribunal de Cuentas, y que oscilan en los 10 millones de pesos”.

(Imagen Prensa Gobierno TdF: Andrés Bronzovic, Tesorero General de Gobierno)