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Ley de Obesidad: Debate en Diputados

La ley de Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimentarios está a punto de hacerse efectiva en el Congreso Nacional. El Diputado fueguino del ARI Leonardo Gorbacz fue uno de los oradores durante el debate en el recinto. La obesidad será considerada una enfermedad cuando se sancione la norma.

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La obesidad será una enfermedad más que deberá estar contemplada en la cobertura de obras sociales y aseguradoras, cuando se apruebe < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Ley de Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimentarios que se discute en el Congreso Nacional

Con la sanción de esta ley, todas las obras sociales del sistema nacional – incluidas en la Ley 23660 -, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga – regidas por la ley 24754 -, deberán brindar obligatoriamente las prestaciones para la cobertura integral de la obesidad en todas sus variantes, las que quedarán incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio.

A su vez,la medida establece que dentro del tratamiento de la obesidad, bulimia o anorexia se incluyan «los estudios para la detección temprana , los tratamientos médicos, quirúrgicos, psicológicos, nutricionales, farmacológicos y todas otras prácticas» relacionadas con el caso.

Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán también elaborar un programa de contingencia en conjunto con la cartera sanitaria, plan que deberá ser presentado ante la Superintendencia de Seguros de Salud para su aprobación, rigiendo su obligatoriedad a partir de ese momento.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley en general, aunque la presentación, que ya contaba con media sanción de la Cámara Alta, fue aprobada en general por 176 votos, aunque con un cuestionamiento puntual en uno de sus artículos.

De esta manera, el proyecto de ley deberá volver a Senadores para que traten el artículo N° 11, que fue el que generó controversia, ya que sólo fue aprobada en general por Diputados.

Durante el debate en el recinto, uno de los oradores (para anticipar el apoyo de su bloque al proyecto) fue el legislador del ARI fueguino Leonardo Gorbacz, quien en días anteriores había tenido participación en varios programas de radio y televisión de Buenos Aires para defender el proyecto.

El siguiente es el texto completo de la participación de Gorbacz, desgrabada y distribuida por su oficina de Prensa.

Sra. Presidente (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Gorbacz.- Señora presidenta: el proyecto en consideración ya cuenta con sanción del Honorable Senado. En realidad este tema desde hace mucho tiempo está en discusión y no discusión, en debate y en mora, sobre la base de diversas iniciativas presentadas por varios bloques, entre ellas la de la señora diputada Bisutti, del bloque del ARI.

Como se ha señalado, tenemos un grave problema en términos sanitarios que habitualmente no es visualizado como tal: la obesidad. Para no abundar en cifras me limitaré a decir sencillamente que alrededor del 50 por ciento de la población padece de sobrepeso o de obesidad. Además, la obesidad trae como consecuencia otros tantos problemas de salud. Aquí se mencionaron algunos: la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, la hipercolesterolemia y otros que también llevan a la muerte.

Se ha mencionado asimismo en este debate el sufrimiento que causa la obesidad a raíz de la discriminación que padecen las personas obesas.

La obesidad tiene múltiples causas. Desde que se comenzó a plantear esta discusión no quisimos medicalizar el problema.

Ningún problema de salud es médico, es mucho más complejo. La obesidad tiene que ver con la mala nutrición y la condición sedentaria de nuestra vida moderna.

La mala nutrición no sólo responde a la falta de educación. Es decir, no se trata solamente de educación alimentaria, que es algo necesario, sino también de poner al alcance de todos los argentinos la alimentación adecuada. Eso sólo se logra con la redistribución del ingreso, tal como lo señalaba la señora diputada Carca. Este es uno de tantos problemas que aquí discutimos, y que necesariamente nos llevan a sentir que estamos poniendo parches, cuando en rigor se resolverían muchísimos problemas encarando el debate sobre la redistribución del ingreso en el país.

La obesidad no solamente es un problema de los que tiene dinero y por uno u otro motivo consumen calorías en exceso; también lo es de los sectores más vulnerables y más pobres de la población. De hecho, la encuesta de factores de riesgo del año 2007 demuestra que hay mayor obesidad y sobrepeso en los sectores de menores ingresos y de menor nivel educativo. Incluso tenemos niños que en los primeros años presentan desnutrición y luego obesidad por mala nutrición, lo que se vincula con la pobreza, tema que esta norma no resolverá, sin un debate sobre el reparto de la riqueza en la Argentina.

El proyecto en consideración sí resuelve algunas cuestiones, pues crea un Programa Nacional de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la efectividad de ese programa dependerá de la voluntad política de este gobierno para poner en marcha las medidas planteadas.

Asimismo el texto contempla la colaboración de las provincias a través del Consejo Federal de Salud. Al respecto también cabe señalar que si bien hoy seguramente se sancionará este proyecto de ley, también necesitamos el compromiso de cada uno de los gobiernos provinciales para llevar adelante estas medidas en sus jurisdicciones porque este es un país federal y las responsabilidades son compartidas. Cada una de las provincias debe poner las barbas en remojo y enfrentar este problema con todas las herramientas que esta iniciativa propone.

Asimismo el proyecto prevé la creación de un centro especializado en trastornos alimentarios en cada jurisdicción. La autoridad de aplicación deberá disponer de las medidas necesarias para que eso pueda viabilizarse y disponer de lo necesario es disponer de recursos. Todos sabemos que en nuestro país las provincias están en una situación económica cada vez más comprometida, mientras que a nivel nacional existe superávit. Todos sabemos que esas dos situaciones se relacionan y, por lo tanto, en la medida en que no podamos corregir ese problema mayor, es necesario que el Estado nacional tome una responsabilidad central para financiar este tipo de propuestas.

De modo que también planteo al bloque del oficialismo el compromiso para que el gobierno nacional incluya efectivamente los recursos necesarios para que los centros puedan funcionar.

El proyecto también plantea la necesidad de desarrollar estándares alimentarios adecuados para los comedores escolares y criterios para los productos que se pueden vender en los quioscos de los establecimientos públicos. Se trata de medidas de prevención absolutamente pertinentes, pues la cuestión no es sólo garantizar la atención de la salud cuando el problema ya está instalado, sino evitar que se instale.

El artículo 11 ha generado algunas discusiones, y nosotros hemos presentado una disidencia parcial, pues entendemos que el problema de la anorexia y la bulimia no debería incluirse en este proyecto. Se trata de cuestiones distintas, que tienen relación con la alimentación, pero fundamentalmente presentan una raíz psicológica.

No se vinculan con el acceso a determinados tipos de alimentos ni con la falta de información sobre cómo es correcto alimentarse, sino con problemas psicológicos, familiares y de la sexualidad, que se expresan de esta manera. Además, se encuentra afectada una porción mucho menor de la población, lo que por eso no es menos importante, pero si requiere herramientas distintas a las que prevé la norma.

Así como hemos presentado esa disidencia en la comisión, también hemos acordado que, como se trata de una iniciativa girada por el Senado –por lo tanto, cualquier modificación haría que volviese a la Cámara de origen-, acompañaremos su sanción sin ninguna modificación, a fin de disponer de una herramienta que nos garantice el acceso a este derecho fundamental.

Será un paso adelante y, en todo caso, podríamos mejorar la norma con otra herramienta legal. No es lo ideal sancionar leyes imperfectas para después mejorarlas, pero si no actuamos de esta manera, no sabríamos por cuanto tiempo se demoraría.

El artículo 17 plantea la cuestión de la discriminación por vía de la obligación de todos los proveedores de bienes y servicios de garantizar que todos los productos sean adecuados para todas las personas.

En este sentido, este es un proyecto antidiscriminatorio, y aquí quiero reconocer el trabajo del Instituto Nacional contra la Discriminación, cuya presidenta se encuentra hoy en el palco de asesores. Me refiero a María José Lubertino, por quien tengo aprecio en lo personal, pero también por el trabajo absolutamente comprometido contra la discriminación de las personas con discapacidad, de las personas que hacen elecciones sexuales diferentes a las hegemónicas y también de las personas obesas. Por ello agradecemos su presencia, doctora Lubertino. (Aplausos.)

Esta discusión se ha repetido en otros temas, como el tabaquismo. El derecho a la salud está primero que cualquier cuestión vinculada con necesidades comerciales. Además, el proyecto no genera ninguna obstrucción a ninguna necesidad comercial. Quizá los únicos afectados en términos comerciales sean quienes promocionan dietas poco serias o no avaladas científicamente. Por eso se prohíben dichas dietas, y, en verdad, ese interés comercial no me preocupa limitarlo en lo más mínimo. La producción de ningún alimento se va a ver alterada por que nosotros digamos que un exceso es malo para la salud, porque la verdad es que cualquier exceso lo es. Y así como decimos que cualquier exceso es malo para la salud, también afirmamos que el consumo adecuado de todos los alimentos es beneficioso. Entonces, no creo que con eso estemos afectando ningún interés comercial.

También se ha dicho en algún momento que la cobertura médica de la obesidad –porque incluye una práctica que se supone que es cara, como es la cirugía está favoreciendo a intereses privados.

En este sentido, debo decir que el derecho a la salud está garantizado por nuestra Constitución, y si por medio de una ley provocamos una transferencia de recursos al sector privado no es culpa de esa ley sino de que el sistema público de salud está debilitado. Como dijo la señora diputada Fein, aquí se trata de discutir cómo financiamos el sector público de salud para que pueda hacer frente a ésta y a otras graves enfermedades. Esta es una discusión que hemos querido dar y que esperemos que pronto tenga lugar en la Comisión de Salud. Pero de ningún modo es restando derecho a la salud de la población la manera de luchar contra los intereses privados.

Para finalizar, creo que no podemos desconocer, como dijo el señor diputado Acuña Kunz, que en buena medida este tema ha sido instalado gracias a un programa de televisión. Entonces, me pregunto si está mal que discutamos un proyecto propuesto no sólo por quienes lo conducen sino también por sus participantes. En el siglo XXI no me parece que tengamos que asombrarnos de que las demandas de la sociedad se canalicen a través de los medios de comunicación.

En algún momento alguien señaló que había lobbies para que este proyecto prosperara. Me pregunto quién tiene el “lobímetro” quién puede decidir cuándo una demanda social es un lobby y cuándo no. Realmente no creo que estemos haciendo populismo al dar lugar a la demanda surgida de un programa de televisión. Estamos escuchando a la sociedad gracias a uno de los medios privilegiados por los cuales puede expresarse. En todo caso, escuchar a los que saben y a los que sufren no es un acto de populismo sino de democracia.

No creo que en esta cuestión haya habido presión mediática sino que hubo participación popular a través de un programa de televisión.

Por estas razones, nuestro bloque, el SI-ARI Tierra del Fuego, va a acompañar con entusiasmo la aprobación de este proyecto. (Aplausos.)

(Audio: discurso desde la banca del Diputado Nacional Leonardo Gorbacz)

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