·

Legisladores del ARI remitieron documentación a la Justicia sobre la causa del megapase

Es en la causa que se inició a raíz de la denuncia presentada por la gobernadora Fabiana Ríos. La jueza que interviene en el caso envió oficios a la Legislatura, pidiendo pruebas documentales. Los legisladores del ARI aportaron copias de debates legislativos, dictámenes, libro de actas de la comisión de presupuesto y un informe del Tribunal de Cuentas

Los legisladores del ARI que integran la comisión de Presupuesto de < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Legislatura enviaron hoy a la Justicia una serie de documentos oficiales para que sean valorados como posibles evidencias, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la implementación del llamado megapase.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Los parlamentarios contestaron de esta forma el oficio remitido a la Cámara el 12 de febrero por la jueza penal María Cristina Barrionuevo, quien interviene en el caso a raíz de la denuncia presentada hace tres semanas por la gobernadora Fabiana Ríos.

El expediente 16347, caratulado “Ríos, María Fabiana sobre denuncia” analiza si existieron responsabilidades penales en el nombramiento de personal en la planta permanente del Estado por afuera de las leyes que lo autorizaban, y si quienes debían controlar esa situación no lo hicieron. El incremento indiscriminado de la estructura del Estado durante 2005, 2006 y 2007 es el motivo principal de la crisis económica que atraviesa la provincia.

Tras la denuncia de Ríos, la jueza Barrionuevo envió dos oficios a la Legislatura solicitando documentación, uno a la comisión de seguimiento del megapase y el otro a la comisión de Presupuesto, cuyo titular, el legislador Damián Loffler, reunió a sus pares la semana pasada e intentó que acompañaran en conjunto una respuesta a la requisitoria.

Sin embargo los legisladores del ARI decidieron que debían tomarse unos días para reunir documentación y responder al oficio de la manera más amplia posible, con el objeto de aportar al avance de la investigación.

En la documentación remitida ayer al juzgado, explicaron que si bien la habilitación de cargos del megapase fue aprobada mediante las leyes de presupuesto de 2005, 2006 y 2007 (leyes 661, 702 y 723) fue en 2005 cuando se aprobó el megapase 1 que autorizó 4000 designaciones en la administración pública.

Los legisladores expusieron las sospechas de irregularidades que empezaron a gestarse desde entonces, sobre todo a partir de que en el mismo 2005, “mediante el mensaje 6, el Poder Ejecutivo Provincial envió un proyecto de ley incrementando la planta del Estado en 600 cargos más”. Ese asunto, traducido luego en la ley 668, fue rechazado por el ARI y sancionado por la mayoría automática de la Legislatura a pesar de que ya se advertían la falta de controles y de información concreta sobre los nombramientos.

Los parlamentarios del ARI le enviaron a la jueza una copia de la versión taquigráfica del debate de la ley 661(presupuesto 2005) donde el propio presidente de la comisión de Presupuesto describió “la falta de información previa para la habilitación de cargos” del megapase.

También le remitieron el dictamen en minoría firmado por el legislador Manuel Raimbault y el entonces legislador José Martínez sobre la ley 668 (incremento de 600 plantas al megapase) donde se proponía la instrucción al Fiscal de Estado y al Tribunal de Cuentas para que “inicien una auditoría sobre la totalidad de las designaciones efectuadas”.

Entre otros documentos, la presentación que se realizó este mediodía con las firmas de los legisladores Verónica de María, Marcelo Fernández y Favio Marinello, incluye copia del libro de actas de la comisión de Presupuesto, copia del dictamen del bloque del ARI sobre el presupuesto 2006, copia de la versión taquigráfica de la sesión realizada el 25 de enero de este año, donde el ARI propuso rechazar las cuentas del ejercicio 2006 y copia de un informe del Tribunal de Cuentas donde se admiten irregularidades en el Sistema Informático de Gestión de Administración (SIGA) que podrían haber posibilitado los nombramientos por afuera, incluso, de las partidas presupuestarias autorizadas.