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Ingresos a la planta permanente del Estado provincial a la justicia

La gobernadora Fabiana Ríos denunció ante la Jueza María Cristina Barrionuevo a ex legisladores y funcionarios

La gobernadora Ríos radicó hoy, en horas del mediodía,una denuncia penal relacionada con el supuesto ingreso irregular de alrededor de mil seiscientos agentes a la planta permanente estatal. En el escrito, se solicita a la jueza María Cristina Barrionuevo que cite a declarar a ex legisladores y funcionarios responsables de garantizar la transparencia de las incorporaciones, encuadradas en el denominado “megapase”. < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

En el año 2004, el por entonces gobernador Jorge Colazo decidió ingresar a la planta permanente del Estado provincial a todos los contratados y beneficiarios de planes sociales. Para ello, < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Legislatura provincial estableció por medio de la Leyes 661 y 668, la habilitación de cuatro mil seiscientas vacantes; creándose a la vez una Comisión de Seguimiento integrada por tres parlamentarios, destinada a asegurar el cumplimiento de los mecanismos y requisitos establecidos (los aspirantes debían estar prestando reales servicios a diciembre del 2004, fecha de sanción de la ley).

En aquel momento, 7 mil novecientos treinta y ocho era el número de cargos de la planta de personal que sumados a los 4 mil seiscientos nuevos ingresos autorizados, totalizaban 12 mil quinientos treinta y ocho. Sin embargo, la actual planta estatal es de aproximadamente 18 mil doscientos cincuenta cargos.

Tal como lo expresa la denuncia, el número final excedería holgadamente el total de los ingresos permitidos por ley y la correspondiente previsión presupuestaria, generando un panorama de descontrol y absolutamente confuso, en cuanto al respeto del deber constitucional de racionalización del gasto público, y a la ley de Responsabilidad Fiscal a la que Tierra del Fuego adhirió. Ante ello, la mandataria solicitó a la jueza Barrionuevo que cite a declarar a los responsables de controlar las incorporaciones (ex legisladoras Nélida Lanzares, María Vargas y Patricia Pacheco), al entonces presidente de la Comisión de Presupuesto (actual legislador Damián Loffler), como así también a ex funcionarios del Poder Ejecutivo.

Una vez formalizada la presentación, la Gobernadora destacó la responsabilidad de quienes, haciendo uso de facultades que no les eran propias, realizaron nombramientos dejando a muchas personas fuera de los puestos que por Ley les correspondían; resaltando que “se va a echar a quienes haya que echar en función de los informes sobre su competencia y de la legalidad de su designación, el resto lo deberá determinar la Justicia”.